En los
últimos años una nueva preocupación se ha instalado en la mente de los
españoles, una preocupación que se alimenta día a día con la tertulias
radiofónicas, la prima de riesgo, el IBEX 35 y las declaraciones de algún que
otro gurú de las finanzas internacionales.
Hablamos, naturalmente de la crisis económica,
un fenómeno que no sólo amenaza a nuestra economía personal sino que también pone en riesgo de zozobrar al barco en el que hasta ahora habíamos navegado, sin poner en duda su solidez.
Ya no se
trata, por tanto, de superar nuestros retos personales, sino que por primera vez
en nuestras vidas, hemos tomado conciencia de que nuestro destino está indisolublemente
unido al de España y al de Europa.
Pero el problema que de verdad nos roba el sueño es que tanto España como
Europa están sumidas en una tempestad económica de la que nadie está seguro de
cómo salir.
Aunque es
poco probable que en esta tertulia demos con la solución, no por ello renunciaremos
a reflexionar sobre este trascendente tema en la esperanza de encontrar alguna luz que nos
indique en qué dirección deberíamos navegar para mantenernos a flote, lejos de
los afilados arrecifes del paro y la deuda.
__________________________________________________
Yack:
Existen,
al menos, tantas teorías sobre el origen de la crisis, sus causas y su solución
como españoles pensantes. Y de todas esas teorías, creen una gran mayoría de
ellos, la peor de todas es la que maneja el gobierno y sus más altos
responsables económicos.
Pero
este curioso fenómeno sociológico también se da en el fútbol y a estas alturas nadie
se sorprende de que sea precisamente el entrenador de un equipo de fútbol el
único que desconoce lo que ha de hacerse para ganar los partidos.
Este síndrome autocomplaciente
forma parte inseparable de la condición humana y sírvanos este de excusa para proponer
nuestra propia teoría, desde la tranquilidad moral que nos otorga el hecho de
saber que no va a ser tenida en cuenta y, menos aún, llevada a la práctica, y que
por tanto, podemos equivocarnos sin temor a causar daño alguno. Empecemos pues:
El origen de la crisis
¿De
dónde viene la crisis? ¿Cuál es el origen?
Y por último: ¿quién o quiénes son los autores
intelectuales de tamaño desaguisado?, si es que pertenecemos al nutrido grupo de los que buscan los orígenes en una insidiosa conspiración urdida por mentes
perversas y maquiavélicas.
He aquí
nuestra posición de entrada: Una sociedad avanzada, como es España, debe entenderse como un
conglomerado hipercomplejo de personas, máquinas y recursos que interaccionan entre
sí con el único fin de satisfacer los deseos y las necesidades de sus ciudadanos, hasta donde esto sea posible.
La mayoría
de los bienes y servicios que se producen en una sociedad avanzada (digamos un 99%) son generados por
las máquinas, y la mayor parte de la energía que mueve esas máquinas proviene del
petróleo, el carbón, la energía atómica, los saltos de agua y, en menor cuantía,
de otras energías alternativas.
Es
decir, que los humanos sólo realizamos aquellas tareas (cada vez menos) que las máquinas aun no saben
ejecutar, y en su realización solemos utilizar pequeñas cantidades de energía orgánica (pensar, teclear, rellenar impresos, atornillar, hacer la compra en el
supermercado, desplazarnos al lugar del trabajo, etc.).
Y de lo
anterior se sigue que la abundancia en la que vivimos (comparándonos con épocas
pretecnológicas como la Edad Media o más remotas aún, como el Paleolítico)
proviene de la interacción sinérgica entre máquinas, materias primas, energía e inteligencia.
Entonces, si las materias primas y la energía no se han agotado y las máquinas
siguen intactas, ¿dónde reside el problema? ¿qué causa la crisis económica?
¿por qué razón se producen periódicamente crisis en las economías avanzadas?
· Contrariamente a lo que se suele creer, el origen de la crisis no hay
que buscarlo en los políticos corruptos e incompetentes, ni en los codiciosos
empresarios y ni siquiera en los malvados especuladores sino, como veremos
enseguida, en una ancestral peculiaridad de la psicología humana.
Consideremos
en primer lugar el hecho cierto de que la psicología básica de los habitantes
del siglo XXI fue configurada y puesta a punto en épocas muy remotas. Épocas en las que no existían máquinas, combustibles
ni tecnología avanzada más allá de sencillas herramientas de madera, piedra y
hueso.
En aquellos tiempos, el hombre se
veía obligado a usar su fuerza muscular para extraer de la tierra el alimento que
a duras penas le permitía sobrevivir, día a día, entre hambruna y hambruna.
En el
entorno, escaso en recursos, en el que la especie humana se desarrolló, la norma
básica de supervivencia era consumir durante los periodos de abundancia y ahorrar
(consumir menos) en las épocas en que se sufría o se barruntaba escasez.
Con la
invención del dinero y la superación de la economía del trueque, se dio un gran
paso hacia adelante para sentar las bases de una economía más próspera, basada
en el intercambio rápido y fluido de bienes y servicios.
Sin embargo, el dinero
esconde en su interior una bomba de relojería que se activa cíclicamente, y que constituye la causa fundamental de las
crisis financieras y monetarias que azotan periódicamente a las economías capitalistas
más avanzadas.
El origen
del problema hay que situarlo en el hecho de que cuando percibimos (o creemos
percibir) el advenimiento de una época de vacas flacas, reaccionamos acaparando
dinero, en lugar de trigo, carne en conserva o frutos secos, como se hacía antaño.
La razón por la que acumulamos dinero en lugar de comida, hay que buscarla en el hecho de que confundimos el dinero, que sólo es
papel, con un auténtico bien, como podría ser el trigo, el aceite o la carne
ahumada.
Pero, insistimos sobre este punto, porque es un concepto crucial para comprender la naturaleza de la crisis: el dinero no es un bien en sí
mismo (aunque pueda parecérnoslo) sino una convención social que nos permite intercambiar bienes y
servicios reales con mayor fluidez que la que haría posible el viejo sistema de trueque.
¡Atención a lo que sigue! Si en
el seno de una sociedad basada en el dinero como medio de intercambio, un grupo mayoritario de ciudadanos presiente la llegada de un periodo de escasez, se activa automáticamente, en sus mentes paleolíticas, el modo "ahorro".
Este hecho crucial significa que, en
lugar de continuar gastando su dinero (consumiendo) al mismo ritmo, activan la táctica del ahorro, es decir, de reducción del consumo, con el fin
de afrontar la escasez que supuestamente se avecina.
Y como respuesta inmediata a esta conducta, se produce
una reducción del consumo de los bienes y servicios menos necesarios (relojes
de oro, joyas, coches de lujo, restaurantes, viajes de placer etc.).
La consecuencia de la reducción masiva del consumo es que el sistema productivo se ve obligado
a ralentizar su ritmo para acompasar la producción a la decreciente demanda.
Pero la disminución del ritmo de producción tiene un efecto perverso: deja sin salario a muchos
trabajadores, debido a que los ingresos de las empresas disminuyen como
consecuencia de la política de ahorro de su clientela. Pero esto sólo es el
comienzo de la crisis.
A medida que se incrementa el número de parados, más se reduce el
consumo y más aumenta la percepción de inseguridad en la población que aún conserva su
empleo, lo que genera una espiral imparable de ahorro y de progresivo
estrangulamiento del consumo y de la producción.
El
resultado de este proceso circular es la formación de un ciclo de debilitamiento y
frenado de la maquinaria económica cuyo efecto más grave es la generación de paro
y pobreza. Y eso a pesar de que toda la maquinaria productiva sigue intacta, los
trabajadores y los empresarios continúan interesados en incrementar la
producción y las materias primas continúan disponibles.
Entonces,
el conjunto de la sociedad, incapaz de comprender lo que está ocurriendo, en un intento desesperado de diagnosticar y dar
solución a la crisis económica que se agrava día a día, pone en marcha un proceso
de caza de brujas y de autos de fe. Se
analiza con lupa la conducta de los individuos, de las empresas y de las
instituciones públicas en busca de los responsables de la catástrofe.
Inevitablemente
se descubre corrupción, imprevisión, despilfarro y avaricia, e inmediatamente después, se inicia una cruzada contra los responsables y contra las estructuras
involucradas.
En no pocos casos, la panoplia de acciones, castigos,
persecuciones y reformas urgentes que se ponen en marcha, solo ayudan a
desmantelar sistemas que funcionan y a sustituirlos por otros que son fruto de
la improvisación y de modelos económicos trasnochados, que pueden agravar aún
más la crisis al aumentar el caos, la inseguridad y la inestabilidad del sistema.
Y para empeorar aun más la situación, los
medios de comunicación y los blogueros, en su afán de vender más o de aumentar
el tráfico en sus tribunas digitales, buscan y publican las peores noticias, las
amplifican y las distorsionan tanto como sea necesario para arrojarlas en las
fauces insaciables de su clientela sedienta de sangre. Una clientela angustiada
e indignada a partes iguales, que busca culpables en los que saciar su sed de
venganza, comenzando por los poderosos que han caído a los pies de los
caballos.
Es el momento perfecto para un ajuste de cuentas a gran escala que, en no pocos casos, ha degenerado en un baño de sangre multitudinario.
Pero no hay que dejarse seducir por la sugerente idea de que la crisis es responsabilidad de legiones de malvados especuladores y corruptos sin escrúpulos, y que la solución pasa por perseguirlos hasta darles su merecido. Y la razón de ello es que toda esa fauna ha existido siempre, tanto durante las crisis como en las épocas de prosperidad.
La auténtica razón de las crisis económicas en los países avanzados reside,
en último término, en el
acaparamiento de dinero y en el ahorro generalizado que se desata cuando la población "percibe" una reducción (real o imaginaria) en las expectativas de crecimiento y prosperidad.
Esta reacción en la dirección de reducir el consumo, que podría
ser adaptativa en el seno de una economía preindustrial, se vuelve devastadora
en una economía avanzada de corte occidental, basada en la producción sostenida
de bienes y servicios no esenciales, generados en su mayor parte por máquinas y
procesos industriales refinados.
Las
economías occidentales son capaces de producir cantidades ingentes de riqueza
con la única condición de que los consumidores mantengan o incrementen el ritmo
de consumo, dado que el 99% del trabajo productivo lo realizan las máquinas y
estas multiplican su capacidad día a día, al ritmo de los avances tecnológicos.
Y además, y esta es otra clave para entender las crisis, una gran parte de la
producción de las economías desarrolladas está dedicada a bienes y servicios
completamente prescindibles (móviles de última generación, pantallas planas de alta definición o conciertos de rock)
que facilitan una contracción rápida y significativa del consumo al menor signo de alarma. Es decir, los consumidores no reducen la cantidad de pan cuando aumenta la prima de riesgo, pero sí cancelan el viaje de vacaciones o la compra de un televisor inteligente de última generación.
Y si,
como hemos visto, la razón última de la crisis económica mundial que estamos
padeciendo es el retraimiento global del
consumo, cabe preguntarse: ¿por qué se ha producido ese retraimiento?
La
respuesta es similar a la que se daría a la pregunta ¿por qué,
precisamente hoy, ha tenido lugar el alud de nieve o ha entrado en erupción el volcán?
En algún
momento del pasado se produjo un pequeño cambio o un conjunto de pequeños cambios que, por casualidad, se combinaron y llegaron a crear un minúsculo decrecimiento
puntual en un sector de la economía de EEUU.
Esta
reducción en las expectativas de
crecimiento provocó un retraimiento preventivo del consumo sectorial que, a su vez, disparó algunas
alertas macroeconómicas, lo que a su vez alertó a los omniscientes operadores
del mercado especulativo que, anticipándose para evitar posibles pérdidas, retiraron
inversiones a gran escala y
sincronizadamente.
En razón a la elevada conectividad y a los masivos sistemas de inteligencia artificial involucrados en la toma de decisiones en la economía actual, fuertemente interconectada a través de la Red, la situación se descontroló en muy poco tiempo. La desconfianza en el futuro se extendió como una mancha de aceite a Europa y a todos los países
de economías avanzadas, dando lugar a una crisis mundial en toda regla,
caracterizada por la reducción brusca del consumo y la consiguiente activación del peligroso ciclo
de ahorro-paro.
La
solución, desde esta perspectiva, parece obvia: inducir desde los Estados involucrados el
cambio de las creencias pesimistas de los ciudadanos para que vuelvan a los
niveles de consumo anteriores a la crisis, pero ¿cómo?
El keynesianismo es una de
las fórmulas más recomendadas (que no recomendables) para atajar el problema del
estrangulamiento del consumo y de sus nefastas consecuencias.
La
estrategia keinesiana prescribe que el Estado genere el monto de actividad económica que la ciudadanía ha reducido como consecuencia de la estrategia de ahorro que ha puesto en marcha. Y para conseguirlo, el Estado ha de seguir el procedimiento de auspiciar y financiar todo
tipo de obras públicas tales como carreteras, infraestructuras, contratación de funcionariado innecesario,
etc.
El objetivo de esta hiperactividad estatal es el de generar puestos de trabajo, pagar nuevos salarios y confiar en que los
ciudadanos que reciben esos salarios incrementen el consumo y ayuden a restablecer el ritmo productivo anterior a la crisis.
Sin embargo, esta estrategia no funciona por dos razones:
- Los bienes y servicios que genera el Estado
no son los que los consumidores demandan, por lo que, en realidad, no reactivan el consumo. La
razón por la que el Estado no puede generar bienes y servicios demandados por los consumidores es
porque si así lo hiciera, robaría puestos de trabajo a las empresas que aún
siguen funcionando y en tal caso sólo conseguirían destruir puestos de trabajo en el sector privado que aun sobrevive, sin aportar nada positivo.
- Los consumidores no volverán al ritmo de
consumo anterior a la crisis hasta que vean con sus propios ojos que ha regresado
la prosperidad real, es decir, que el futuro se ha vuelto prometedor y que ha
llegado la hora de consumir y de arriesgarse a adquirir productos que no son
estrictamente necesarios (un nuevo televisor, otro teléfono móvil de última generación, etc.).
Y para
que se produzca ese cambio en la mente de los consumidores, tienen que
comprobar, por sí mismos, los signos reales de recuperación. Por ejemplo, que el vecino se compra un coche nuevo y se va de vacaciones, que las
tiendas y los restaurantes están a rebosar, que sus hijos encuentran empleo y
que nadie habla ya de crisis sino de prosperidad y de curvas de crecimiento generalizado. En pocas palabras, tienen que reconocer el paisaje característico de la prosperidad.
Otras alternativas
para solucionar las crisis pasan por liberalizar la economía y dejar que sea el
propio mercado quien arregle el desaguisado, pero el inconveniente de esta
solución es que puede transcurrir demasiado tiempo hasta que se restablezca la prosperidad. Recordemos que la crisis no
acabará hasta que la ciudadanía recupere su confianza en el futuro.
Y llegados aquí, debemos retomar nuestro modesto propósito que era, recordémoslo,
sacar de la crisis a nuestro bendito país, España.
Pero
comencemos nuestra titánica tarea haciendo un poco de historia para situarnos en el escenario actual.
Establezcamos, en primer lugar, que la peculiar situación económica
de España se explica, en parte, por un hecho nuevo que no había estado presente
en crisis anteriores: pertenecemos a un club de países (la CEE) y compartimos con
ellos una única moneda (el euro).
Esto significa que no podemos aplicar las recetas keynesianas
que recomiendan a los estados fabricar billetes con los que pagar los salarios de
los trabajadores a los que ha contratado para realizar obras públicas innecesarias y de
dudosa utilidad.
Recordemos que estos trabajadores "por decreto" no
responden a una demanda real de la sociedad, sino que se les encomiendan trabajos que nadie
necesita, y por lo tanto, no aportan valor real a la economía del país. Además, la ciudadanía en su conjunto, sigue rehacía a gastar su dinero en cualquier cosa que no sea estrictamente
necesaria, aún en el caso de disponer de recursos suficientes.
Y si
España no puede fabricar billetes, porque pertenece a la zona euro, el Estado se ve obligado a pedir prestado a otros países para pagar a esos trabajadores que ha contratado con el único fin de reactivar la economía estancada.
Esta fue
la fórmula que aplicó Zapatero, y en su empecinamiento keynesiano acabó con las
reservas monetarias del país y tras pedir prestado a todos los países europeos,
nos endeudó hasta llevarnos a la quiebra y a la insolvencia.
Cuando el crédito extranjero se agotó, dado que nadie se fiaba de prestarnos más dinero, Zapatero se
vio obligado a dar por terminado el experimento keynesiano, pero para entonces habíamos acumulado una deuda gigantesca (que
había que pagar con intereses) y un paro como jamás este país había conocido.
El inconveniente
(o la suerte) de pertenecer a la CEE, impidió al gobierno poner a trabajar la máquina de
fabricar billetes (pesetas) para continuar con el experimento keynesiano. Esta política probablemente nos habría llevado a una inflación descontrolada y a sucesivas devaluaciones de la peseta lo que tal vez nos hubiese conducido a un escenario aun peor del que ahora sufrimos.
Pero esto, como todo lo que no llega a ocurrir, es y seguirá siendo objeto de interminables polémicas teóricas en las que no vamos a detenernos.
Y volviendo a Zapatero, añadiremos que no pudo
continuar con su táctica de crear empleo ficticio porque la máquina de fabricar billetes estaba en manos del Banco Europeo y sometida a controles muy estrictos. Y estas restricciones se habían establecido en la CEE para evitar que los países más endeudados, recurrieran al sencillo procedimiento de fabricar más euros para solucionar sus problemas de productividad, siguiendo el modelo keinesiano.
Y esto se comprende fácilmente si recordamos que el euro es la misma moneda en países tan diferentes como Alemania y Grecia. Si Grecia pudiera fabricar euros con la misma facilidad que antes fabricaba dracmas, el efecto de devaluación monetaria también lo sufriría Alemania, que no tiene problemas de productividad, de deuda ni de paro, porque los alemanes apostaron por la solución de trabajar más y mejor en lugar de aplicar las soluciones mágicas de Keynes, como hizo Zapatero jugando a aprendiz de brujo.
Volviendo
a la crisis económica que padece España, cabe decir que se centra en dos
aspectos fundamentales:
- Una
altísima tasa de paro que deja a muchos españoles sin ingresos suficientes para
mantener un ritmo de consumo normal. Esta importante restricción del consumo, incrementa aún más el paro y potencia el temible circulo vicioso de menos consumo-más paro-más
incertidumbre-menos consumo.
Además,
los ciudadanos que disponen de recursos, también se sienten inclinados a
conservar en lugar seguro esos recursos en espera de mejores tiempos. Un ejemplo
esclarecedor de lo dicho anteriormente se manifiesta en el hecho de que casi nadie,
aún disponiendo de dinero suficiente para hacerlo, compra viviendas, dado que las
expectativas apuntan a que los precios seguirán bajando.
- Una deuda
exterior gigantesca que hay que devolver con intereses y que al día de hoy
sigue incrementándose. Esta deuda se ha producido como resultado de pedir
préstamos a otros países con la vana ilusión de romper el círculo vicioso
paro-ahorro, por el dudoso procedimiento de disparar las inversiones públicas,
según el modelo keynes-Zapatero.
Ahora ya
sabemos con certeza que la solución keinesiana puesta en marcha por Zapatero no era buena y
que además de haber incrementado el paro en lugar de reducirlo, ha
agotado nuestra capacidad de endeudamiento, es decir, que nadie se fía de
prestarnos más dinero porque no cree que se lo podamos devolver. Pero aún así,
seguimos gastando más de lo que ingresamos, es decir, cada año nuestra deuda y
los correspondientes intereses se incrementan aún más.
Y descrito ya el escenario actual de la crisis, consideremos algunas de las medidas que convendría aplicar en España para salir de nuestra
particular crisis, aunque somos conscientes de que muchas de estas soluciones
no son políticamente viables.
Y con esto queremos decir, que de aplicarse, las
fuerzas políticas y sindicales de izquierda tomarían la calle y extorsionarían al
gobierno legitimo mediante sabotaje masivo para que no llevara a cabo estas
medidas. Y no por razón de que les parecieran medidas inadecuadas, sino por
todo lo contrario, es decir, porque temen que funcionen y eso acabe con sus
escasas expectativas políticas, que dependen casi por entero, del nivel de
malestar de la población.
Veamos, pues, esas medidas organizadas por temas:
Impuestos
En el
imaginario colectivo, los ricos son los ciudadanos que ganan o poseen mucho dinero o bienes
tangibles.
Y dado que no es justo (según el imaginario colectivo) que haya
individuos que acaparan cantidades desproporcionadas de la riqueza disponible, mientras otros apenas tienen lo necesario para sobrevivir, parece lógico y
obligado, esquilmar continuamente a los ricos para redistribuir, entre los más desfavorecidos, el exceso de riqueza
que acaparan.
De
acuerdo con este modelo, los impuestos deben grabar a los que más ganan y aquí
cabe recordar que el IRPF es un impuesto progresivo, pudiendo llegar a
confiscar hasta el 56% del salario, cuando este rebasa los 300.000 euros al
año.
Estos
impuestos se emplearán en financiar los servicios que el Estado presta
gratuitamente a los ciudadanos y en multitud de subvenciones y prestaciones de
lo más variopinto que el Estado "estima" que conviene repartir según
su propio criterio.
Pero enseguida
veremos que este modelo de gestión de la riqueza adolece de graves errores que
resultan, a la larga, contraproducentes para los intereses de la ciudadanía en
su conjunto.
Consideremos
que una sociedad, como sería el caso de España, genera anualmente una riqueza R
(bienes y servicios) y que los ciudadanos C1, C2, C3...Cn, consumen esa riqueza
en diferentes proporciones.
Provisionalmente, y a efectos de desarrollar la tesis con mayor claridad, llamaremos
ricos a los que "consumen" mayor cantidad de bienes y servicios, con
independencia de lo que ganen o posean.
Además, definiremos "consumir"
como destruir (comerse un kilo de
caviar o de pan, por ejemplo) o usar
(tener diez relojes de lujo en la mesilla de noche para cambiar de look cada
día de la semana).
Ahora
imaginemos dos ejemplos extremos que nos servirán para ilustrar nuestra tesis:
- Un
excéntrico millonario que posee 100 millones de euros en el banco, gana
anualmente 2 millones de euros y, por ser un tacaño compulsivo, sólo consume
6.000 euros al año.
- Un
trabajador de clase media que no posee ningún patrimonio, gana 20.000 euros al
año y consume
exactamente esos 20.000 euros.
La
pregunta que ahora trataremos de responder es: ¿quién de los dos ciudadanos debería pagar más impuestos? ¿Cual de ellos es más rico?
Recordemos
que el trabajador de clase media consume 20.000 euros mientras que el
supermillonario sólo consume 6.000 euros (tres veces menos).
En este
ejemplo se aprecia con claridad que lo que se posee o lo que se gana no afecta
al resto de ciudadanos españoles porque estas magnitudes sólo son billetes de papel, asientos
contables en bancos, o bienes de producción, como por ejemplo, una fábrica de
relojes, que destina su producción al resto de ciudadanos y no a su
propietario.
Lo único
que debe contar a la hora de redistribuir equitativamente la carga fiscal, ha
de ser la cantidad de riqueza (bienes y servicios) que cada cual consume
(destruye o acapara para uso propio) de la riqueza generada por el conjunto de la sociedad.
Naturalmente,
debe darse un tratamiento diferente a un enfermo que consume un tratamiento médico
costoso (algo obligado por las circunstancias) que a alguien que gasta su
dinero en un coche de lujo, que representa un despilfarro innecesario que ha de asumir el
resto de la sociedad.
Si en lugar de un coche de lujo adquiriese otro que costase
la quinta parte, la sociedad dispondría de esas cuatro quintas partes sobrantes para
consumo sin que eso supusiese una diferencia significativa en prestaciones para el
propietario-consumidor del automóvil. Tampoco un reloj de oro y diamantes, cuya utilidad es dar la hora, supone una ventaja relevante para el usuario respecto a un reloj de acero o incluso de plástico, 200 veces más económico.
Por
otra parte, si esquilmamos a los ciudadanos que ganan más (porque son más
productivos y generan más riqueza para la sociedad) estamos dándoles motivos
para que trabajen menos, se trasladen a otro país con menos presión fiscal y
oculten sus beneficios al fisco.
Si,
además, gravamos con impuestos a las empresas en función de los beneficios que
obtienen, estamos generando varios problemas graves:
- Penalizamos a las empresas más competitivas y favorecemos a las menos
eficientes, al reducir su carga fiscal.
- Reducimos
la competitividad de las empresas más eficientes y con ello lastramos su
capacidad exportadora, estimulando con ello las importaciones, lo que provoca un
aumento de la deuda externa.
- Como
efecto adicional, venderán menos, reducirán su actividad económica y tendrán que despedir empleados, lo que
incrementará el paro.
Todos estos inconvenientes se reducirían o evitarían
si se eliminaran los impuestos directos (por lo que se tiene o lo que se gana)
y se sustituyeran por los indirectos sobre el consumo.
Y repetimos aquí que estos
impuestos indirectos (IVA o similares) estarían tasados en función del nivel de lujo
que supusiese cada tipo de recurso o servicio consumido. Por ejemplo, una barra de pan podría ser grabada con un IVA del 5% mientras que un
coche de lujo lo sería en un 200%.
Consideremos un caso diferente: Una vivienda destinada a alquiler no debería generar impuestos para el propietario, sino para el inquilino porque está siendo usada (consumida) por este y no por el
propietario. A una segunda vivienda, sin embargo, sí se le impondría un fuerte impuesto, en
función de su valor catastral, dado que estamos ante un claro ejemplo de despilfarro al ser usadas dos viviendas por un
único propietario, cuando podría dar cobijo a dos familias por el mismo coste social.
La idea clave a tener en cuenta es que sólo se pagarían impuestos por el consumo
(destrucción o uso personal de bienes y servicios) y el tipo aplicado estaría
en función del grado de despilfarro que supondría en relación con el nivel medio de la economía del país.
De
esta manera, los impuestos al consumo tendrían un efecto disuasorio
sobre el gasto suntuario y el despilfarro, que no es otra cosa que gastar los
recursos sociales en bienes innecesarios (un collar de diamantes) o más costosos
de lo necesario (un reloj de oro).
En
resumen, gravemos el consumo en
función del lujo que representa e ignoremos los ingresos de los
individuos y de las empresas puesto que estos sólo son una medida de la cantidad de riqueza que han generado para el disfrute de la sociedad.
Esta forma de distribuir la carga impositiva atraerá inversión y empresarios, estimulará
el trabajo productivo, evitará el fraude, reducirá la deuda y el paro y
promocionará una mayor reinversión en los sectores productivos por parte de las empresas.
Adicionalmente,
para optimizar el sistema impositivo, convendría grabar con mayores impuestos los artículos
y servicios que importamos (electrónica de última generación, por ejemplo) y
reducirlos en aquellos otros que se realizan en su totalidad en nuestro país
(servicios turísticos, construcción, artesanía, etc.). En buena lógica, consumir productos de importación, supone un despilfarro en una economía con una fuerte deuda con el extranjero.
En
definitiva, de lo que se trata es de potenciar la actividad económica que
utilice recursos del país y frenar el consumo de aquella que provenga del extranjero, con objeto de mejorar la balanza de pagos y el paro.
Una
última observación: cuando se graba a un ciudadano rico, se suele pensar que se le está privando
de parte de su inmensa riqueza y reutilizándola en servicios sociales gratuitos.
Pensemos que los
impuestos directos que pagan los ricos se detrae de sus inversiones en empresas
productivas o del dinero que tienen depositado en cuentas bancarias. Pero, no debemos olvidar, que el banco invierte ese dinero en la economía productiva vía préstamos a empresas y particulares y al pagar sus impuestos, el rico reduce el saldo de sus cuentas bancarias y de sus inversiones en economía productiva.
Es
decir, que la recaudación que consigue el Estado a través de impuestos directos no se obtiene por el procedimiento de rebajar el consumo suntuario del rico, sino que se está extrayendo
de la economía productiva (generando más paro y menos productividad) e inyectándolos,
vía burocracia estatal, en subvenciones y servicios de dudosa utilidad y bajísima
productividad.
Trabajo
Como
herencia malsana del marxismo y de las diferentes teorías socialistas, la
inmensa mayoría de los españoles siguen viendo al empresario como un explotador,
egoísta y codicioso que abusa de una pléyade de trabajadores buenos y honestos,
de acuerdo con el modelo de la Lucha de clases y de la explotación de la clase
trabajadora por parte del empresariado.
Según
este modelo, el Estado con la inestimable ayuda de los sindicatos, debe
"proteger" a los desvalidos trabajadores para evitar, o al menos
limitar, el abuso de poder que los empresarios ejercen sobre los asalariados,
desde su posición de fuerza.
En
respuesta a este modelo decimonónico tenemos una legislación extensa, compleja y
costosa de aplicar que lastra la productividad de las empresas y disuade a
muchos emprendedores de iniciar o continuar con su proyecto empresarial de creación
de riqueza.
Un
análisis objetivo de la realidad económica, definiría al empresario como alguien
que tiene la visión necesaria para descubrir oportunidades de crear riqueza y la
capacidad para poner su proyecto en marcha venciendo todas las fuerzas y
dificultades que se oponen a su éxito, empezando por la competencia y
terminando por la legislación laboral.
Idealmente,
el mercado del trabajo debería ser tan libre como el de los tomates o el de las
aspiradoras. El trabajador ofrece en el marcado laboral su trabajo, sus conocimientos
y su tiempo, y el empresario acude al mercado para adquirir ese servicio
laboral, pagándolo al precio de mercado, es decir, acordando libremente con el
trabajador unas condiciones de intercambio libremente propuestas y aceptadas
por ambas partes tras un proceso de negociación.
En un mercado
libre de trabajo, los salarios aumentarán cuando crezca la demanda de trabajo y
bajarán cuando la oferta se reduce, de igual manera que los tomates suben de
precio cuando aumenta el diferencial demanda- oferta y bajan cuando se reduce,
al margen de que el productor pierda o gane dinero en su negocio de explotación
agrícola.
Si se aplicaran al mercado de los tomates los mismos principios que rigen el mercado laboral, cuando hubiese un exceso de tomates, en lugar de bajar los precios, el Estado obligaría a mantener el precio y el resultado sería que gran parte de la cosecha se pudriría en los estantes (el equivalente del paro).
Volviendo al mercado laboral, si
un empresario no ofrece buenas condiciones a sus trabajadores, estos se irían a
otra empresa de la competencia que les ofreciera contratos más ventajosos. Para evitarlo, los empresarios que ofrecen los salarios más bajos, se verían
obligados a subirlos. Es lo mismo que
ocurre de manera pública y notoria con el salario de los jugadores de fútbol en
relación con los clubes.
Por
otro lado si el trabajador no realiza bien su trabajo, el empresario lo
sustituye por otro más eficiente, y como resultado de este proceso, se
conseguiría que los buenos trabajadores reemplazaran a los más ineficientes y
con ello se incrementaría la productividad, lo que aumentaría la generación de
riqueza y la exportación, con el consiguiente incremento de los puestos de
trabajo y la reducción de la deuda.
Y este
simple mecanismo de despido libre, tiene el efecto benéfico de que los
trabajadores despedidos se dirijan hacia los sectores económicos en expansión, que
es donde existe mayor demanda, y abandonen aquellos otros en declive, en lugar
de luchar por la conservación a toda costa de sus obsoletos puestos de trabajo.
También motivaría a los trabajadores a formarse mejor para desempeñar aquellos trabajos donde
existe más demanda en lugar de atribuir la culpa de sus males al Estado o a los
empresarios.
Si
dejáramos que los salarios se estableciesen libremente, habría trabajo para
todos, aunque se cobrara menos. Pero si los salarios disminuyen, los bienes y
servicios que generan las empresas serían más baratos, lo que facilitaría la
exportación y se reduciría la deuda que pesa sobre la economía española.
También a los propios españoles les sería más fácil adquirirlos, lo que
compensaría en buena la reducción del salario, contando además con que el Estado tendría que pagar menos desempleo y, por tanto, podría reducir la presión impositiva sobre los ciudadanos que aun conservan su empleo.
Por el
contrario, mantener salarios artificialmente altos mediante huelgas, extorsión sindical
y leyes para regular el mercado, sólo genera paro, nos resta competitividad y
lo único que se consigue es que sólo una parte de la población pueda trabajar. Además este afortunado sector tendrá que mantener con su esfuerzo a la legión de parados que no encuentran trabajo por
razón de esa legislación "protectora".
La mejor protección para un
trabajador es un mercado libre en el que pueda encontrar y elegir trabajos, entre
una amplia oferta, que se adapten a su capacidad y vocación.
En el
supuesto de que hubiese una grave crisis económica y se generase paro coyuntural,
pese a la liberación total del mercado laboral, el Estado prestaría a los
parados una cantidad razonable para subsistir hasta que encontrasen un nuevo
trabajo, momento en el cual comenzarían estos a devolver lo recibido en forma
de una pequeña cuota que no incidiera significativamente sobre su economía doméstica.
De esta forma, se acabaría con todo el fraude que envuelve al subsidio de desempleo
y dejaría de ser un incentivo para que el trabajador rechace las ofertas de
trabajo mientras disfruta de la prestación por desempleo, como ahora ocurre en
un alto porcentaje de casos. En la actualidad muchos trabajadores se toman el
paro como unas larguísimas vacaciones pagadas o como un suplemento a lo que
ganan en la economía sumergida.
Y en
cuanto a los sindicatos, cuya función es extorsionar a los empresarios, al
gobierno y a la ciudadanía, so capa de defender a los trabajadores, habría que
retirarle todo tipo de privilegios y subvenciones, dejándolos subsistir con el
dinero de sus afiliados.
Por
otra parte habría que promulgar una ley de huelga que acabara con la patente de
corso con la que los sindicatos violan la ley, amenazan y extorsionan a los
trabajadores, a los empresarios, a la ciudadanía y al Estado, investidos de una
impunidad sacrosanta sustentada en el falso paradigma de que ellos están de
parte de los trabajadores en la sempiterna Lucha de clases, según reza la
desacreditada teoría marxista.
Adicionalmente,
desde el Estado debe alentarse, a través de la legislación y de la estructura
impositiva, los trabajos que cumplan estas condiciones:
- Realizados por españoles, porque dar trabajo a inmigrantes no soluciona el
problema del paro en España, sino que lo agrava, y además buena parte del
salario que perciben los inmigrantes lo envían a los países de origen, impidiendo
así que revierta en el bienestar de los españoles.
- Que
utilicen materias primas, tecnologías y conocimientos que están disponibles en
nuestro país. Evidentemente no es igual de productivo para España vender un
automóvil de importación, aunque se creen puestos de trabajo en el
concesionario de la marca, que si el automóvil está diseñado y fabricado
íntegramente en España. Para conseguir este objetivo, sería buena política
reducir el IVA de aquellos productos en los que España es productor destacado e
incrementarlos en los que somos importadores netos.
También
la rebaja sustancial de impuestos a la empresa repercutiría en hacer más
competitivos los productos españoles en relación con sus alternativas
importadas.
Educación
La
educación de la ciudadanía constituye uno de los aspectos más importantes y a un tiempo más descuidados e ineficientes en España. Nuestra sugerencia es que la educación debería
replantearse desde los siguientes postulados:
- Sólo
debe enseñarse en la educación básica lo que resulta útil para la vida cotidiana,
puesto que lo que no cumple esa condición, resulta difícil de aprender y se
olvida a los pocas semanas o meses de haberlo aprendido. ¿quien recuerda la
regla de Ruffini o las leyes de Kirchhoff?
- Enseñar a los alumnos a comportarse socialmente, a dialogar y a expresarse con
claridad y eficacia tanto en lenguaje hablado como escrito. Aprender bien el idioma
español y el inglés y dejar a la iniciativa y financiación de los padres el
aprendizaje de otros idiomas autóctonos o extranjeros de poca o nula utilidad.
- En la
formación profesional, el Estado debe proveer sólo las plazas que el mercado
demande, tanto en carreras universitarias como en maestrías y oficios. Para
seleccionar a los candidatos que optarán a ocupar las plazas disponibles,
además del historial académico, deberían efectuarse exámenes de actitud y aptitud,
a fin de evitar la entrada en la universidad y en la formación profesional de malos estudiantes sin motivación y
sin talento, condenados al fracaso. Como
alternativa a este modelo público, estarían las universidades privadas en las que los
alumnos tendrían que pagar íntegramente el costo de la educación si bien podrían elegir la profesión que prefiriesen.
- Erradicación total de la religión en las escuelas y centros de enseñanza financiados por el Estado, ya que todas las religiones
representan un modelo falso de la realidad y los centros públicos sólo deben
enseñar conocimientos ciertos y comprobados.
La religión quedaría restringida al
ámbito privado y su enseñanza, financiada íntegramente por los padres, aunque
supervisada y controlada por el Estado para evitar sesgos ideológicos que atenten contra la
constitución española y los derechos humanos.
- Proporcionar a los alumnos un modelo sencillo pero profundo de la realidad en
la que viven, facilitándoles el conocimiento y uso práctico de técnicas efectivas para indagar, valorar,
discriminar lo falso de lo cierto, identificar el fraude, juzgar y calificar artículos
de opinión, evaluar la fiabilidad de la información, etc.
- Disponer de textos y material didáctico, idénticos para todos los alumnos
españoles sin distinción de localidades ni regiones, así como de un programa sincronizado
en todos los centros de enseñanza para facilitar a los alumnos el cambio de centro.
Por
otra parte, al exigir un temario específico y común en toda España, se acabaría con la arbitrariedad de profesores que imparten sus propias teorías y creencias, en
muchos casos, demenciales. Lo ideal sería que este programa general se basase en las
directrices de la CEE para evitar que cada nuevo partido que accede al poder
cambiase los contenidos para adaptarlo a su ideología política y a sus
intereses particulares.
- Revalida oficial para todas las titulaciones. Así, aunque existiesen muchas
universidades, institutos o escuelas privadas, sólo se obtendría el título
oficial si se superan unas pruebas de reválida gestionadas por un cuerpo independiente de
Examinadores del Estado. De esta manera se evitaría el fraude que tiene lugar
cuando estas empresas de enseñanza privada emiten titulaciones fáciles de conseguir. Esta política genera una ciudadania mal preparada que no puede desenvolverse en un mercado internacional más competitivo y cualificado.
- Prácticas reales en empresas, combinadas con los estudios académicos para
obtener profesionales cualificados y con experiencia real que puedan incorporarse inmediatamente a sus puestos de trabajo.
Empresa
El
Estado graba a las empresas con diferentes tipos de impuestos y gravámenes al tiempo
que les concede toda clase de subvenciones, reducciones, incentivos y ayudas condicionadas a
múltiples factores arbitrarios.
Esta permanente tentación del Estado por asumir
el papel de un ser omnisciente y sabio, sólo contribuye a distorsionar
gravemente el proceso productivo, haciéndolo más costoso y menos eficiente y competitivo.
Al
subvencionar a una empresa, ya sea para que ponga en marcha programas de investigación, para que
renueve la maquinaria, para que contrate a más empleados, para que adquiera
vehículos de empresa o para que sus directivos asistan a simposios en un país
remoto, sólo se consigue que el empresario modifique su estrategia empresarial para
obtener más subvenciones y pagar menos impuestos.
El único objetivo de todo
empresario debería ser el de concentrar toda su atención en producir más bienes o servicios con
menos, es decir, aumentar la productividad de su empresa.
Por
otra parte, se carga sobre las empresas elevados costes relacionados con sus empleados, como por ejemplo, el pago de una parte de la seguridad social, enfermedad, embarazos, así como
fuertes indemnizaciones en caso de despido, además de aumentos automáticos de salario recogidos en los convenios laborales. Recordemos que los convenios laborales son obtenidos mediante extorsión y amenaza sindical amparada por la ley.
El
resultado de estas imposiciones arbitrarias es que el empresario ve reducida su
capacidad para optimizar el funcionamiento de su empresa, al no tener libertad
para renovar la plantilla en función de la capacidad y actitud de cada
trabajador.
Otra consecuencia grave de esta política intervencionista es que el empresario se vuelve reacio a contratar a más personal desde el momento en que le resultará difícil y costoso despedirlo si así lo
aconsejaran las circunstancias.
Esta situación da lugar a un fraude
generalizado, a acuerdos secretos entre empresarios y trabajadores, a despidos
amañados y a múltiples figuras delictivas que no se darían si el Estado dejara
de intervenir en las relaciones laborales y confiara en el libre juego de las
leyes de mercado.
Entonces,
y según esto, la solución que volvería más competitivas las empresas españolas,
propiciando así la exportación (reducción de la deuda y del paro) y el consumo
interno (menos paro), pasaría, idealmente, por eliminar todas las ayudas a la empresa y, al
mismo tiempo, todos los impuestos y gravámenes que pesan sobre ella.
En
resumen, las empresas deberían tener libertad para contratar y despedir a sus
trabajadores libremente, sin indemnizaciones y a establecer libremente los salarios, con la única obligación de
cumplir las cláusulas que se hubieran suscrito libremente entre las partes en el momento de la firma
del contrato.
Es lo que ocurre, por ejemplo, en el mercado de futbolistas, un
mercado transparente a la curiosidad de la ciudadanía, que se rige por este tipo
de contrato libre, sin condicionantes legales.
Con
este modelo de contratación, las empresas se quedarían con los trabajadores más
productivos (como ocurre en los equipos de fútbol) y los salarios se
establecerían en función de la demanda y de la productividad en cada sector.
En aquellos sectores
productivos dónde se requiriesen más trabajadores el salario subiría y en
aquellos en los que sobrasen, bajaría, que es la forma en la que el mercado
regula y distribuye automáticamente los recursos para optimizar el rendimiento
del conjunto de la economía.
Con
esta política, disfrutaríamos de pleno empleo y de una mayor volatilidad laboral, lo que facilitaría
que cada trabajador encontrase el mejor de los trabajos posibles en función de
sus deseos, facultades, motivación y ubicación geográfica y a resultas de ello, disfrutase de una mayor satisfacción personal y de mejores emolumentos.
En
cuanto a los ingresos que el Estado obtiene grabando la actividad empresarial,
se compensarían al retirar las múltiples subvenciones a las empresas y al
eliminar la costosa maquinaria burocrática que se emplea en inspeccionar,
juzgar y castigar a los empresarios que caen en la tentación de defraudar al Estado.
El déficit que pudiese producirse en la recaudación neta, se cubriría con el
incremento de la recaudación por impuestos indirectos sobre el consumo.
Autonomías
Las
autonomías surgieron en la España democrática para satisfacer las exigencias de
políticos separatistas (principalmente catalanes y vascos) pensando,
ingenuamente, que así se integrarían en el nuevo régimen constitucional y le darían
mayor legitimidad.
Transcurridas
varias décadas, hemos podido constatar que esta estrategia no sólo no alcanzó
el objetivo de legitimar la Constitución a los ojos del separatismo, sino que
ha supuesto un inmenso costo para todo el país, en ineficiencia, abusos,
injusticia, corrupción y despilfarro.
Adicionalmente
se ha inducido un enfrentamiento entre los ciudadanos españoles como
consecuencia de organizarlos en supertribus autonómicas con identidad e
intereses propios que odian, envidian y desprecian al resto de comunidades.
Y
lo peor es que se trata de una tendencia que crece día a día y necesariamente
nos lleva hacia una disgregación explosiva que menaza con convertir a España en un grupo
de estados minúsculos en conflicto permanente.
La
solución obvia para este problema pasa por frenar y dar marcha atrás al proceso
autonómico-separatista, mediante una legislación inteligente y sin complejos, formalizando
pactos de estado entre las fuerzas políticas hegemónicas no separatistas y
retirando progresivamente las competencias que por imprevisión e
irresponsabilidad se les cedieron a las autonomías.
Sólo haciéndolo
así, España podría recuperar la paz social y acabar con el chantaje permanente
de políticos que trabajan para perjudicar a un país que odian por el simple
hecho de que se opone a sus alucinaciones separatistas.
Es una
tarea difícil que requerirá años pero que convendría iniciar ya, comenzando por
la recuperación para el Estado central de la competencia educativa con el fin de
eliminar el sesgo separatista que se introduce en las mentes vulnerables de los
escolares hasta convertirlos en nacionalistas irreductibles.
El
desmantelamiento progresivo de las autonomías reduciría el peso insoportable de
un funcionariado sobredimensionado, redundante, con escasa o nula utilidad y poco eficiente,
aliviando el gasto desaforado del Estado.
Al mismo tiempo se transferirían
trabajadores desde áreas redundantes e innecesarias de la administración pública a
la economía productiva, reduciendo así el déficit público y haciendo más competitivo
al conjunto del país.
Inmigración
En
primer lugar, cabe señalar que existen tres tipos de inmigrantes:
- Los inmigrantes legales que son ciudadanos de los países de la CEE.
- Los ciudadanos que proviniendo de países
no comunitarios entran en España legalmente.
- Aquellos otros a los que
llamaremos "ilegales" que han entrado ilegalmente en España o bajo el
subterfugio de una estancia transitoria para hacer turismo y se han quedado definitivamente, incumpliendo fraudulentamente su compromiso.
El fenómeno
de la inmigración crea problemas a medio y largo plazo en la medida que los
inmigrantes vienen acompañados por proyectos e intereses que no siempre son compatibles
con los intereses y creencias de los españoles.
Los
inmigrantes europeos, por razón de convenios con la CEE tienen derecho a
establecerse y trabajar en nuestro país, aunque eso no signifique que haya que
aceptarlos si no tienen un trabajo o una fuente de ingresos legal con la que
puedan mantenerse. En muchos casos vemos a ciudadanos de países comunitarios dedicados a la mendicidad o a actividades ilegales cuando no delictivas.
Los
únicos inmigrantes no europeos que cabria aceptar son aquellos que procedan de
una cultura compatible con la nuestra (hispanoamericanos, por ejemplo), que
sean jóvenes, disfruten de buena salud, no traigan familia con ellos, sean buenos
profesionales en la especialidad que se demanda, y su estancia sea transitoria,
hasta que cumplan el contrato que los ha traído aquí.
Todo
extranjero que esté en situación ilegal en España debería ser devuelto a su
país de origen, sin excepción alguna, porque sólo así se conseguirá que España deje
de ser un destino preferente para las mafias que controlan el tráfico ilegal de
seres humanos.
Es fácil
comprender que cuanto mejor trato se dispense a los inmigrantes ilegales, más se
incrementará su número y que, en la medida en que se obstaculice la
legalización de los inmigrantes ilegales, antes se acabará con la lacra de la
inmigración ilegal.
Por
supuesto, cualquier inmigrante, legal o ilegal, que cometa alguna infracción de
la legislación española debe ser expulsado inmediatamente, después de cumplir
la condena a que hubiera lugar. De esta forma se frenaría la entrada masiva de
delincuentes internacionales que se afincan en España pese a su largo historial
delictivo, atraídos por la permisividad de nuestra legislación.
No
tiene sentido alguno aceptar trabajadores extranjeros teniendo aquí millones de españoles en paro. Por otra parte, en no pocas ocasiones, los parados que cobran subsidio de desempleo se niegan a trabajar, y se hace necesario ceder a trabajadores extranjeros los escasos puestos de trabajo disponibles.
Para
evitar esta situación absurda habría que convertir el subsidio de paro en un
préstamo a devolver y sustituir plazas universitarias sin salida laboral por
plazas de aprendizaje de oficios y maestrías que se adapten a las necesidades
del mercado laboral actual y futuro.
El hecho de contar con más universitarios de los
que la economía puede absorber, se convierte en un problema desde el momento en
que muchos de estos universitarios frustrados se niegan a ocupar puestos
laborales que ellos consideran de menor categoría.
Sin embargo, el hecho cierto
es que al existir más títulos universitarios de los que la economía demanda,
estos carecen de valor real más allá de las ilusiones de sus titulares.
La
solución obvia es que las universidades públicas sólo ofrezcan el número de
plazas que la economía demanda, desviando al resto de aspirantes hacia plazas
de formación no universitaria en los distintos oficios y maestrías que requiere y demanda la economía
del país.
Vivienda y construcción
Una de
las teorías más difundidas y afincadas entre los españoles, tanto en políticos,
economistas y ciudadanos de a pie, es la de que somos víctimas de la explosión
de una superburbuja inmobiliaria, que se originó por la codicia desmedida de
los especuladores.
En
realidad, la auténtica historia de lo que aconteció con el próspero negocio
inmobiliario fue que en Estados Unidos se inició una crisis financiera (falta de
confianza en el futuro) que se contagió rápidamente a todos los países
avanzados del planeta.
Como consecuencia de este contagio, el entramado
económico de cada país se ha visto afectado en función de sus características y
circunstancias particulares.
En
España, de no haber aparecido la supercrisis financiera mundial, el precio de la
vivienda se habría estabilizado durante un periodo de tiempo y después hubiese
vuelto a experimentar nuevas subidas como ha venido sucediendo desde hace muchos lustros, en
respuesta a las fluctuaciones de la oferta y la demanda.
Sin
embargo, en esta ocasión, la aparición de una supercrisis mundial, provocó una
brusca caída en la demanda de compras y alquileres de viviendas por parte de
los ciudadanos europeos, que inició una caída lenta de precios.
Esta caída de
precios frenó en seco la adquisición de nueva vivienda en España e incentivó la
caída de precios en las viviendas que ya estaban a la venta, como consecuencia
de la lógica prevención de los compradores ante la perspectiva de un mercado a
la baja.
Adicionalmente, el aumento brusco del paro hizo que muchas hipotecas
dejaran de pagarse y se sacaran a subasta un considerable número de nuevas viviendas
que saturaron aún más la oferta.
Todos
estos procesos concurrentes que se reforzaban mutuamente, en el seno de una
supercrisis mundial, tuvo el efecto inimaginable de dar la vuelta a la evolución
del precio de la vivienda provocando, por primera vez en la historia, una descenso
continuado y sostenido durante varios años.
Las
previsiones especulativas de los potenciales compradores de viviendas, que antes de la
crisis se concretaba en la creencia de que comprar viviendas era una manera
segura de obtener grandes beneficios, se transmutó en su contraria, es decir, en
que la compra de una vivienda era sinónimo de pérdidas millonarias.
En
pocos meses, los españoles sustituyeron su inamovible creencia de que la
inversión en ladrillo era la más segura y rentable, por la de que ésta era la
más arriesgada y ruinosa.
Y esta nueva creencia, no cambiaría hasta que se invirtiera la
tendencia bajista de los precios, lo que creaba un círculo vicioso que se
retroalimentaba sin que nadie supiera cuando se iba a detener.
Pero, aclarada
la naturaleza de la crisis del ladrillo, nos queda por averiguar cómo salir de
este bucle infinito que está devorando a nuestra economía y despojando a muchas
familias de sus viviendas. Viviendas que pasan a engrosar el stock de
pisos vacíos, que arruinan a los bancos y pone contra las cuerdas a la
economía del país, además de ser una de las causas más importantes del paro,
dada la importancia del sector económico vinculado a la construcción.
La
clave para salir de esta situación pasa por conseguir, cuanto antes, que el
precio de la vivienda toque fondo, momento en el cual, los potenciales
compradores de viviendas tomarán la decisión de comprar. Los nuevos
compradores estarán constituidos por aquellos que desean adquirir la vivienda
para formar una familia o para independizarse de sus padre o de su pareja y también por
los que buscan una inversión segura y rentable para sus ahorros.
Todos ellos se
lanzarán al mercado para posicionarse ventajosamente al comienzo de una subida histórica que sin duda se producirá con fuerza después de una caída tan drástica y
prolongada como la que ha experimentado el precio de la vivienda en España.
Para propiciar
la llegada de esta situación de cambio de signo y así reactivar el mercado
inmobiliario, y con ello abrir una vía formidable de creación de riqueza en
nuestro país, habría que aplicar las siguientes normas:
- Reducir la construcción de nuevas viviendas por todos los medios posibles. Este objetivo se podría alcanzar, por
ejemplo, dificultando la concesión de nuevas licencias e imponiendo fuertes tasas e impuestos a la
construcción de vivienda nueva. La razón de esta política restrictiva está en el hecho de que cuanto antes
se agote el stock de viviendas vacías, antes se iniciará la subida de precios.
La construcción de vivienda nueva en la actual situación sólo ayuda a retrasar la llegada del
cambio de tendencia hacia el alza en la actual evolución de los precios.
- Sacar
a la venta, como vivienda social protegida, los stock de viviendas a cargo de los
bancos y de las constructoras, con el fin de acabar con las existencias de
viviendas vacías, que son las que impiden que el precio toque fondo.
- Derruir edificios de viviendas en mal estado y trasladar a los inquilinos a bloques de
viviendas desocupadas. Con esta
estrategia reducimos el stock de viviendas, saneamos el parque inmobiliario y
creamos puestos de trabajo en el sector de la construcción.
- Realizar
inversiones en infraestructuras, embellecimiento y restauración de zonas
turísticas para atraer e incrementar la llegada de turistas. Esta estrategia atrae más divisas y euros hacia el país, reduce el déficit, y crea puestos de trabajo con personal y materias
primas autóctonas.
En resumen, cuando se
acabe con el stock de viviendas, se iniciará una fuerte y sostenida subida de
precios, que reactivará la economía, reducirá el paro, atraerá capital foráneo
y nos ayudará a salir con fuerza de la crisis.
Y
llegados aquí, y aun a sabiendas de que el análisis ha sido somero e
incompleto, tenemos que dar por terminada esta receta apresurada en la
esperanza de que, si no le convence, al menos invite al lector a elaborar o
enriquecer su propia teoría sobre la crisis.
Atravesamos una crisis económica que no parece tener fin y como siempre que se está inmerso en un grave problema colectivo, no cesan de aparecer profetas y agoreros que explican desde la tribuna las causas del mal que nos aqueja y sus posibles soluciones.
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