Cómo salir de la crisis económica

En los últimos años una nueva preocupación se ha instalado en la mente de los españoles, una preocupación que se alimenta día a día con la tertulias radiofónicas, la prima de riesgo, el IBEX 35 y las declaraciones de algún que otro gurú de las finanzas internacionales. 

Hablamos, naturalmente de la crisis económica, un fenómeno que no sólo amenaza a nuestra economía personal sino que también pone en riesgo de zozobrar al barco en el que hasta ahora habíamos navegado, sin poner en duda su solidez.

Ya no se trata, por tanto, de superar nuestros retos personales, sino que por primera vez en nuestras vidas, hemos tomado conciencia de que nuestro destino está indisolublemente unido al de España y al de Europa. 

Pero el problema que de verdad nos roba el sueño es que tanto España como Europa están sumidas en una tempestad económica de la que nadie está seguro de cómo salir.

Aunque es poco probable que en esta tertulia demos con la solución, no por ello renunciaremos a reflexionar sobre este trascendente tema en la esperanza de encontrar alguna luz que nos indique en qué dirección deberíamos navegar para mantenernos a flote, lejos de los afilados arrecifes del paro y la deuda.
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Yack:

Existen, al menos, tantas teorías sobre el origen de la crisis, sus causas y su solución como españoles pensantes. Y de todas esas teorías, creen una gran mayoría de ellos, la peor de todas es la que maneja el gobierno y sus más altos responsables económicos.

Pero este curioso fenómeno sociológico también se da en el fútbol y a estas alturas nadie se sorprende de que sea precisamente el entrenador de un equipo de fútbol el único que desconoce lo que ha de hacerse para ganar los partidos.

Este síndrome autocomplaciente forma parte inseparable de la condición humana y sírvanos este de excusa para proponer nuestra propia teoría, desde la tranquilidad moral que nos otorga el hecho de saber que no va a ser tenida en cuenta y, menos aún, llevada a la práctica, y que por tanto, podemos equivocarnos sin temor a causar daño alguno. Empecemos pues:

El origen de la crisis

¿De dónde viene la crisis? ¿Cuál es el origen?
Y por último: ¿quién o quiénes son los autores intelectuales de tamaño desaguisado?, si es que pertenecemos al nutrido grupo de los que buscan los orígenes en una insidiosa conspiración urdida por mentes perversas y maquiavélicas.

He aquí nuestra posición de entrada: Una sociedad avanzada, como es España, debe entenderse como un conglomerado hipercomplejo de personas, máquinas y recursos que interaccionan entre sí con el único fin de satisfacer los deseos y las necesidades de sus ciudadanos, hasta donde esto sea posible.

La mayoría de los bienes y servicios que se producen en una sociedad avanzada (digamos un 99%) son generados por las máquinas, y la mayor parte de la energía que mueve esas máquinas proviene del petróleo, el carbón, la energía atómica, los saltos de agua y, en menor cuantía, de otras energías alternativas.

Es decir, que los humanos sólo realizamos aquellas tareas (cada vez menos) que las máquinas aun no saben ejecutar, y en su realización solemos utilizar pequeñas cantidades de energía orgánica (pensar, teclear, rellenar impresos, atornillar, hacer la compra en el supermercado, desplazarnos al lugar del trabajo, etc.).

Y de lo anterior se sigue que la abundancia en la que vivimos (comparándonos con épocas pretecnológicas como la Edad Media o más remotas aún, como el Paleolítico) proviene de la interacción sinérgica entre máquinas, materias primas, energía e inteligencia. 

Entonces, si las materias primas y la energía no se han agotado y las máquinas siguen intactas, ¿dónde reside el problema? ¿qué causa la crisis económica? ¿por qué razón se producen periódicamente crisis en las economías avanzadas?

·      Contrariamente a lo que se suele creer, el origen de la crisis no hay que buscarlo en los políticos corruptos e incompetentes, ni en los codiciosos empresarios y ni siquiera en los malvados especuladores sino, como veremos enseguida, en una ancestral peculiaridad de la psicología humana.

Consideremos en primer lugar el hecho cierto de que la psicología básica de los habitantes del siglo XXI fue configurada y puesta a punto en épocas muy remotas. Épocas en las que no existían máquinas, combustibles ni tecnología avanzada más allá de sencillas herramientas de madera, piedra y hueso. 

En aquellos tiempos, el hombre se veía obligado a usar su fuerza muscular para extraer de la tierra el alimento que a duras penas le permitía sobrevivir, día a día, entre hambruna y hambruna.

En el entorno, escaso en recursos, en el que la especie humana se desarrolló, la norma básica de supervivencia era consumir durante los periodos de abundancia y ahorrar (consumir menos) en las épocas en que se sufría o se barruntaba escasez. 

Con la invención del dinero y la superación de la economía del trueque, se dio un gran paso hacia adelante para sentar las bases de una economía más próspera, basada en el intercambio rápido y fluido de bienes y servicios. 

Sin embargo, el dinero esconde en su interior una bomba de relojería que se activa cíclicamente, y que constituye la causa fundamental de las crisis financieras y monetarias que azotan periódicamente a las economías capitalistas más avanzadas.

El origen del problema hay que situarlo en el hecho de que cuando percibimos (o creemos percibir) el advenimiento de una época de vacas flacas, reaccionamos acaparando dinero, en lugar de trigo, carne en conserva o frutos secos, como se hacía antaño. 

La razón por la que acumulamos dinero en lugar de comida, hay que buscarla en el hecho de que confundimos el dinero, que sólo es papel, con un auténtico bien, como podría ser el trigo, el aceite o la carne ahumada. 

Pero, insistimos sobre este punto, porque es un concepto crucial para comprender la naturaleza de la crisis: el dinero no es un bien en sí mismo (aunque pueda parecérnoslo) sino una convención social que nos permite intercambiar bienes y servicios reales con mayor fluidez que la que haría posible el viejo sistema de trueque.

¡Atención a lo que sigue! Si en el seno de una sociedad basada en el dinero como medio de intercambio, un grupo mayoritario de ciudadanos presiente la llegada de un periodo de escasez, se activa automáticamente, en sus mentes paleolíticas, el modo "ahorro". 

Este hecho crucial significa que, en lugar de continuar gastando su dinero (consumiendo) al mismo ritmo, activan la táctica del ahorro, es decir, de reducción del consumo, con el fin de afrontar la escasez que supuestamente se avecina. 

Y como respuesta inmediata a esta conducta, se produce una reducción del consumo de los bienes y servicios menos necesarios (relojes de oro, joyas, coches de lujo, restaurantes, viajes de placer etc.).

La consecuencia de la reducción masiva del consumo es que el sistema productivo se ve obligado a ralentizar su ritmo para acompasar la producción a la decreciente demanda. Pero la disminución del ritmo de producción tiene un efecto perverso: deja sin salario a muchos trabajadores, debido a que los ingresos de las empresas disminuyen como consecuencia de la política de ahorro de su clientela. Pero esto sólo es el comienzo de la crisis. 

A medida que se incrementa el número de parados, más se reduce el consumo y más aumenta la percepción de inseguridad en la población que aún conserva su empleo, lo que genera una espiral imparable de ahorro y de progresivo estrangulamiento del consumo y de la producción.

El resultado de este proceso circular es la formación de un ciclo de debilitamiento y frenado de la maquinaria económica cuyo efecto más grave es la generación de paro y pobreza. Y eso a pesar de que toda la maquinaria productiva sigue intacta, los trabajadores y los empresarios continúan interesados en incrementar la producción y las materias primas continúan disponibles.

Entonces, el conjunto de la sociedad, incapaz de comprender lo que está ocurriendo, en un intento desesperado de diagnosticar y dar solución a la crisis económica que se agrava día a día, pone en marcha un proceso de caza de brujas y de autos de fe. Se analiza con lupa la conducta de los individuos, de las empresas y de las instituciones públicas en busca de los responsables de la catástrofe. 

Inevitablemente se descubre corrupción, imprevisión, despilfarro y avaricia, e inmediatamente después, se inicia una cruzada contra los responsables y contra las estructuras involucradas.

En no pocos casos, la panoplia de acciones, castigos, persecuciones y reformas urgentes que se ponen en marcha, solo ayudan a desmantelar sistemas que funcionan y a sustituirlos por otros que son fruto de la improvisación y de modelos económicos trasnochados, que pueden agravar aún más la crisis al aumentar el caos, la inseguridad y la inestabilidad del sistema.

Y para empeorar aun más la situación, los medios de comunicación y los blogueros, en su afán de vender más o de aumentar el tráfico en sus tribunas digitales, buscan y publican las peores noticias, las amplifican y las distorsionan tanto como sea necesario para arrojarlas en las fauces insaciables de su clientela sedienta de sangre. Una clientela angustiada e indignada a partes iguales, que busca culpables en los que saciar su sed de venganza, comenzando por los poderosos que han caído a los pies de los caballos.

Es el momento perfecto para un ajuste de cuentas a gran escala que, en no pocos casos, ha degenerado en un baño de sangre multitudinario.

Pero no hay que dejarse seducir por la sugerente idea de que la crisis es responsabilidad de legiones de malvados especuladores y corruptos sin escrúpulos, y que la solución pasa por perseguirlos hasta darles su merecido. Y la razón de ello es que toda esa fauna ha existido siempre, tanto durante las crisis como en las épocas de prosperidad.

La auténtica razón de las crisis económicas en los países avanzados reside, en último término, en el acaparamiento de dinero y en el ahorro generalizado que se desata cuando la población "percibe" una reducción (real o imaginaria) en las expectativas de crecimiento y prosperidad.

Esta reacción en la dirección de reducir el consumo, que podría ser adaptativa en el seno de una economía preindustrial, se vuelve devastadora en una economía avanzada de corte occidental, basada en la producción sostenida de bienes y servicios no esenciales, generados en su mayor parte por máquinas y procesos industriales refinados.

Las economías occidentales son capaces de producir cantidades ingentes de riqueza con la única condición de que los consumidores mantengan o incrementen el ritmo de consumo, dado que el 99% del trabajo productivo lo realizan las máquinas y estas multiplican su capacidad día a día, al ritmo de los avances tecnológicos. 

Y además, y esta es otra clave para entender las crisis, una gran parte de la producción de las economías desarrolladas está dedicada a bienes y servicios completamente prescindibles (móviles de última generación, pantallas planas de alta definición o conciertos de rock) que facilitan una contracción rápida y significativa del consumo al menor signo de alarma. Es decir, los consumidores no reducen la cantidad de pan cuando aumenta la prima de riesgo, pero sí cancelan el viaje de vacaciones o la compra de un televisor inteligente de última generación.

Y si, como hemos visto, la razón última de la crisis económica mundial que estamos padeciendo es el retraimiento global del consumo, cabe preguntarse: ¿por qué se ha producido ese retraimiento?

La respuesta es similar a la que se daría a la pregunta ¿por qué, precisamente hoy, ha tenido lugar el alud de nieve o ha entrado en erupción el volcán?

En algún momento del pasado se produjo un pequeño cambio o un conjunto de pequeños cambios que, por casualidad, se combinaron y llegaron a crear un minúsculo decrecimiento puntual en un sector de la economía de EEUU.  

Esta reducción en las expectativas de crecimiento provocó un retraimiento preventivo del consumo sectorial que, a su vez, disparó algunas alertas macroeconómicas, lo que a su vez alertó a los omniscientes operadores del mercado especulativo que, anticipándose para evitar posibles pérdidas, retiraron inversiones a gran escala y sincronizadamente. 

En razón a la elevada conectividad y a los masivos sistemas de inteligencia artificial involucrados en la toma de decisiones en la economía actual, fuertemente interconectada a través de la Red, la situación se descontroló en muy poco tiempo. La desconfianza en el futuro se extendió como una mancha de aceite a Europa y a todos los países de economías avanzadas, dando lugar a una crisis mundial en toda regla, caracterizada por la reducción brusca del consumo y la consiguiente activación del peligroso ciclo de ahorro-paro.

La solución, desde esta perspectiva, parece obvia: inducir desde los Estados involucrados el cambio de las creencias pesimistas de los ciudadanos para que vuelvan a los niveles de consumo anteriores a la crisis, pero ¿cómo? 

El keynesianismo es una de las fórmulas más recomendadas (que no recomendables) para atajar el problema del estrangulamiento del consumo y de sus nefastas consecuencias.

La estrategia keinesiana prescribe que el Estado genere el monto de actividad económica que la ciudadanía ha reducido como consecuencia de la estrategia de ahorro que ha puesto en marcha. Y para conseguirlo, el Estado ha de seguir el procedimiento de auspiciar y financiar todo tipo de obras públicas tales como carreteras, infraestructuras, contratación de funcionariado innecesario, etc.

El objetivo de esta hiperactividad estatal es el de generar puestos de trabajo, pagar nuevos salarios y confiar en que los ciudadanos que reciben esos salarios incrementen el consumo y ayuden a restablecer el ritmo productivo anterior a la crisis. Sin embargo, esta estrategia no funciona por dos razones:

• Los bienes y servicios que genera el Estado no son los que los consumidores demandan, por lo que, en realidad, no reactivan el consumo. La razón por la que el Estado no puede generar bienes y servicios demandados por los consumidores es porque si así lo hiciera, robaría puestos de trabajo a las empresas que aún siguen funcionando y en tal caso sólo conseguirían destruir puestos de trabajo en el sector privado que aun sobrevive, sin aportar nada positivo.

• Los consumidores no volverán al ritmo de consumo anterior a la crisis hasta que vean con sus propios ojos que ha regresado la prosperidad real, es decir, que el futuro se ha vuelto prometedor y que ha llegado la hora de consumir y de arriesgarse a adquirir productos que no son estrictamente necesarios (un nuevo televisor, otro teléfono móvil de última generación, etc.).
  
  Y para que se produzca ese cambio en la mente de los consumidores, tienen que comprobar, por sí mismos, los signos reales de recuperación. Por ejemplo, que el vecino se compra un coche nuevo y se va de vacaciones, que las tiendas y los restaurantes están a rebosar, que sus hijos encuentran empleo y que nadie habla ya de crisis sino de prosperidad y de curvas de crecimiento generalizado. En pocas palabras, tienen que reconocer el paisaje característico de la prosperidad.

Otras alternativas para solucionar las crisis pasan por liberalizar la economía y dejar que sea el propio mercado quien arregle el desaguisado, pero el inconveniente de esta solución es que puede transcurrir demasiado tiempo hasta que se restablezca la prosperidad. Recordemos que la crisis no acabará hasta que la ciudadanía recupere su confianza en el futuro.

Y llegados aquí, debemos retomar nuestro modesto propósito que era, recordémoslo, sacar de la crisis a nuestro bendito país, España.

Pero comencemos nuestra titánica tarea haciendo un poco de historia para situarnos en el escenario actual. 

Establezcamos, en primer lugar, que la peculiar situación económica de España se explica, en parte, por un hecho nuevo que no había estado presente en crisis anteriores: pertenecemos a un club de países (la CEE) y compartimos con ellos una única moneda (el euro). 

Esto significa que no podemos aplicar las recetas keynesianas que recomiendan a los estados fabricar billetes con los que pagar los salarios de los trabajadores a los que ha contratado para realizar obras públicas innecesarias y de dudosa utilidad.

Recordemos que estos trabajadores "por decreto" no responden a una demanda real de la sociedad, sino que se les encomiendan trabajos que nadie necesita, y por lo tanto, no aportan valor real a la economía del país. Además, la ciudadanía en su conjunto, sigue rehacía a gastar su dinero en cualquier cosa que no sea estrictamente necesaria, aún en el caso de disponer de recursos suficientes.

Y si España no puede fabricar billetes, porque pertenece a la zona euro, el Estado se ve obligado a pedir prestado a otros países para pagar a esos trabajadores que ha contratado con el único fin de reactivar la economía estancada.

Esta fue la fórmula que aplicó Zapatero, y en su empecinamiento keynesiano acabó con las reservas monetarias del país y tras pedir prestado a todos los países europeos, nos endeudó hasta llevarnos a la quiebra y a la insolvencia. 

Cuando el crédito extranjero se agotó, dado que nadie se fiaba de prestarnos más dinero, Zapatero se vio obligado a dar por terminado el experimento keynesiano, pero para entonces habíamos acumulado una deuda gigantesca (que había que pagar con intereses) y un paro como jamás este país había conocido.

El inconveniente (o la suerte) de pertenecer a la CEE, impidió al gobierno poner a trabajar la máquina de fabricar billetes (pesetas) para continuar con el experimento keynesiano. Esta política probablemente nos habría llevado a una inflación descontrolada y a sucesivas devaluaciones de la peseta lo que tal vez nos hubiese conducido a un escenario aun peor del que ahora sufrimos.
Pero esto, como todo lo que no llega a ocurrir, es y seguirá siendo objeto de interminables polémicas teóricas en las que no vamos a detenernos.

Y volviendo a Zapatero, añadiremos que no pudo continuar con su táctica de crear empleo ficticio porque la máquina de fabricar billetes estaba en manos del Banco Europeo y sometida a controles muy estrictos. Y estas restricciones se habían establecido en la CEE para evitar que los países más endeudados, recurrieran al sencillo procedimiento de fabricar más euros para solucionar sus problemas de productividad, siguiendo el modelo keinesiano.
Y esto se comprende fácilmente si recordamos que el euro es la misma moneda en países tan diferentes como Alemania y Grecia. Si Grecia pudiera fabricar euros con la misma facilidad que antes fabricaba dracmas, el efecto de devaluación monetaria también lo sufriría Alemania, que no tiene problemas de productividad, de deuda ni de paro, porque los alemanes apostaron por la solución de trabajar más y mejor en lugar de aplicar las soluciones mágicas de Keynes, como hizo Zapatero jugando a aprendiz de brujo.

Volviendo a la crisis económica que padece España, cabe decir que se centra en dos aspectos fundamentales:

• Una altísima tasa de paro que deja a muchos españoles sin ingresos suficientes para mantener un ritmo de consumo normal. Esta importante restricción del consumo, incrementa aún más el paro y potencia el temible circulo vicioso de menos consumo-más paro-más incertidumbre-menos consumo.
  Además, los ciudadanos que disponen de recursos, también se sienten inclinados a conservar en lugar seguro esos recursos en espera de mejores tiempos. Un ejemplo esclarecedor de lo dicho anteriormente se manifiesta en el hecho de que casi nadie, aún disponiendo de dinero suficiente para hacerlo, compra viviendas, dado que las expectativas apuntan a que los precios seguirán bajando.

• Una deuda exterior gigantesca que hay que devolver con intereses y que al día de hoy sigue incrementándose. Esta deuda se ha producido como resultado de pedir préstamos a otros países con la vana ilusión de romper el círculo vicioso paro-ahorro, por el dudoso procedimiento de disparar las inversiones públicas, según el modelo keynes-Zapatero.
  
  Ahora ya sabemos con certeza que la solución keinesiana puesta en marcha por Zapatero no era buena y que además de haber incrementado el paro en lugar de reducirlo, ha agotado nuestra capacidad de endeudamiento, es decir, que nadie se fía de prestarnos más dinero porque no cree que se lo podamos devolver. Pero aún así, seguimos gastando más de lo que ingresamos, es decir, cada año nuestra deuda y los correspondientes intereses se incrementan aún más.

Y descrito ya el escenario actual de la crisis, consideremos algunas de las medidas que convendría aplicar en España para salir de nuestra particular crisis, aunque somos conscientes de que muchas de estas soluciones no son políticamente viables. 

Y con esto queremos decir, que de aplicarse, las fuerzas políticas y sindicales de izquierda tomarían la calle y extorsionarían al gobierno legitimo mediante sabotaje masivo para que no llevara a cabo estas medidas. Y no por razón de que les parecieran medidas inadecuadas, sino por todo lo contrario, es decir, porque temen que funcionen y eso acabe con sus escasas expectativas políticas, que dependen casi por entero, del nivel de malestar de la población.

Veamos, pues, esas medidas organizadas por temas:

Impuestos

En el imaginario colectivo, los ricos son los ciudadanos que ganan o poseen mucho dinero o bienes tangibles. 

Y dado que no es justo (según el imaginario colectivo) que haya individuos que acaparan cantidades desproporcionadas de la riqueza disponible, mientras otros apenas tienen lo necesario para sobrevivir, parece lógico y obligado, esquilmar continuamente a los ricos para redistribuir, entre los más desfavorecidos, el exceso de riqueza que acaparan.

De acuerdo con este modelo, los impuestos deben grabar a los que más ganan y aquí cabe recordar que el IRPF es un impuesto progresivo, pudiendo llegar a confiscar hasta el 56% del salario, cuando este rebasa los 300.000 euros al año.

Estos impuestos se emplearán en financiar los servicios que el Estado presta gratuitamente a los ciudadanos y en multitud de subvenciones y prestaciones de lo más variopinto que el Estado "estima" que conviene repartir según su propio criterio.

Pero enseguida veremos que este modelo de gestión de la riqueza adolece de graves errores que resultan, a la larga, contraproducentes para los intereses de la ciudadanía en su conjunto.

Consideremos que una sociedad, como sería el caso de España, genera anualmente una riqueza R (bienes y servicios) y que los ciudadanos C1, C2, C3...Cn, consumen esa riqueza en diferentes proporciones.

Provisionalmente, y a efectos de desarrollar la tesis con mayor claridad, llamaremos ricos a los que "consumen" mayor cantidad de bienes y servicios, con independencia de lo que ganen o posean. 

Además, definiremos "consumir" como destruir (comerse un kilo de caviar o de pan, por ejemplo) o usar (tener diez relojes de lujo en la mesilla de noche para cambiar de look cada día de la semana).

Ahora imaginemos dos ejemplos extremos que nos servirán para ilustrar nuestra tesis:

• Un excéntrico millonario que posee 100 millones de euros en el banco, gana anualmente 2 millones de euros y, por ser un tacaño compulsivo, sólo consume 6.000 euros al año.

• Un trabajador de clase media que no posee ningún patrimonio, gana 20.000 euros al año y consume exactamente esos 20.000 euros.

La pregunta que ahora trataremos de responder es: ¿quién de los dos ciudadanos debería pagar más impuestos? ¿Cual de ellos es más rico?

Recordemos que el trabajador de clase media consume 20.000 euros mientras que el supermillonario sólo consume 6.000 euros (tres veces menos).

En este ejemplo se aprecia con claridad que lo que se posee o lo que se gana no afecta al resto de ciudadanos españoles porque estas magnitudes sólo son billetes de papel, asientos contables en bancos, o bienes de producción, como por ejemplo, una fábrica de relojes, que destina su producción al resto de ciudadanos y no a su propietario.

Lo único que debe contar a la hora de redistribuir equitativamente la carga fiscal, ha de ser la cantidad de riqueza (bienes y servicios) que cada cual consume (destruye o acapara para uso propio) de la riqueza generada por el conjunto de la sociedad.

Naturalmente, debe darse un tratamiento diferente a un enfermo que consume un tratamiento médico costoso (algo obligado por las circunstancias) que a alguien que gasta su dinero en un coche de lujo, que representa un despilfarro innecesario que ha de asumir el resto de la sociedad. 

Si en lugar de un coche de lujo adquiriese otro que costase la quinta parte, la sociedad dispondría de esas cuatro quintas partes sobrantes para consumo sin que eso supusiese una diferencia significativa en prestaciones para el propietario-consumidor del automóvil. Tampoco un reloj de oro y diamantes, cuya utilidad es dar la hora, supone una ventaja relevante para el usuario respecto a un reloj de acero o incluso de plástico, 200 veces más económico.

Por otra parte, si esquilmamos a los ciudadanos que ganan más (porque son más productivos y generan más riqueza para la sociedad) estamos dándoles motivos para que trabajen menos, se trasladen a otro país con menos presión fiscal y oculten sus beneficios al fisco.

Si, además, gravamos con impuestos a las empresas en función de los beneficios que obtienen, estamos generando varios problemas graves:

• Penalizamos a las empresas más competitivas y favorecemos a las menos eficientes, al reducir su carga fiscal.
   
• Reducimos la competitividad de las empresas más eficientes y con ello lastramos su capacidad exportadora, estimulando con ello las importaciones, lo que provoca un aumento de la deuda externa.

• Como efecto adicional, venderán menos, reducirán su actividad económica y tendrán que despedir empleados, lo que incrementará el paro.

Todos estos inconvenientes se reducirían o evitarían si se eliminaran los impuestos directos (por lo que se tiene o lo que se gana) y se sustituyeran por los indirectos sobre el consumo.

Y repetimos aquí que estos impuestos indirectos (IVA o similares) estarían tasados en función del nivel de lujo que supusiese cada tipo de recurso o servicio consumido. Por ejemplo, una barra de pan podría ser grabada con un IVA del 5% mientras que un coche de lujo lo sería en un 200%. 

Consideremos un caso diferente: Una vivienda destinada a alquiler no debería generar impuestos para el propietario, sino para el inquilino porque está siendo usada (consumida) por este y no por el propietario. A una segunda vivienda, sin embargo, sí se le impondría un fuerte impuesto, en función de su valor catastral, dado que estamos ante un claro ejemplo de despilfarro al ser usadas dos viviendas por un único propietario, cuando podría dar cobijo a dos familias por el mismo coste social.

La idea clave a tener en cuenta es que sólo se pagarían impuestos por el consumo (destrucción o uso personal de bienes y servicios) y el tipo aplicado estaría en función del grado de despilfarro que supondría en relación con el nivel medio de la economía del país. 

De esta manera, los impuestos al consumo tendrían un efecto disuasorio sobre el gasto suntuario y el despilfarro, que no es otra cosa que gastar los recursos sociales en bienes innecesarios (un collar de diamantes) o más costosos de lo necesario (un reloj de oro).

En resumen, gravemos el consumo en función del lujo que representa e ignoremos los ingresos de los individuos y de las empresas puesto que estos sólo son una medida de la cantidad de riqueza que han generado para el disfrute de la sociedad.

Esta forma de distribuir la carga impositiva atraerá inversión y empresarios, estimulará el trabajo productivo, evitará el fraude, reducirá la deuda y el paro y promocionará una mayor reinversión en los sectores productivos por parte de las empresas.

Adicionalmente, para optimizar el sistema impositivo, convendría grabar con mayores impuestos los artículos y servicios que importamos (electrónica de última generación, por ejemplo) y reducirlos en aquellos otros que se realizan en su totalidad en nuestro país (servicios turísticos, construcción, artesanía, etc.). En buena lógica, consumir productos de importación, supone un despilfarro en una economía con una fuerte deuda con el extranjero. 

En definitiva, de lo que se trata es de potenciar la actividad económica que utilice recursos del país y frenar el consumo de aquella que provenga del extranjero, con objeto de mejorar la balanza de pagos y el paro.

Una última observación: cuando se graba a un ciudadano rico, se suele pensar que se le está privando de parte de su inmensa riqueza y reutilizándola en servicios sociales gratuitos. 

Pensemos que los impuestos directos que pagan los ricos se detrae de sus inversiones en empresas productivas o del dinero que tienen depositado en cuentas bancarias. Pero, no debemos olvidar, que el banco invierte ese dinero en la economía productiva vía préstamos a empresas y particulares y al pagar sus impuestos, el rico reduce el saldo de sus cuentas bancarias y de sus inversiones en economía productiva. 

Es decir, que la recaudación que consigue el Estado a través de impuestos directos no se obtiene por el procedimiento de rebajar el consumo suntuario del rico, sino que se está extrayendo de la economía productiva (generando más paro y menos productividad) e inyectándolos, vía burocracia estatal, en subvenciones y servicios de dudosa utilidad y bajísima productividad.

Trabajo

Como herencia malsana del marxismo y de las diferentes teorías socialistas, la inmensa mayoría de los españoles siguen viendo al empresario como un explotador, egoísta y codicioso que abusa de una pléyade de trabajadores buenos y honestos, de acuerdo con el modelo de la Lucha de clases y de la explotación de la clase trabajadora por parte del empresariado.

Según este modelo, el Estado con la inestimable ayuda de los sindicatos, debe "proteger" a los desvalidos trabajadores para evitar, o al menos limitar, el abuso de poder que los empresarios ejercen sobre los asalariados, desde su posición de fuerza.

En respuesta a este modelo decimonónico tenemos una legislación extensa, compleja y costosa de aplicar que lastra la productividad de las empresas y disuade a muchos emprendedores de iniciar o continuar con su proyecto empresarial de creación de riqueza.

Un análisis objetivo de la realidad económica, definiría al empresario como alguien que tiene la visión necesaria para descubrir oportunidades de crear riqueza y la capacidad para poner su proyecto en marcha venciendo todas las fuerzas y dificultades que se oponen a su éxito, empezando por la competencia y terminando por la legislación laboral.

Idealmente, el mercado del trabajo debería ser tan libre como el de los tomates o el de las aspiradoras. El trabajador ofrece en el marcado laboral su trabajo, sus conocimientos y su tiempo, y el empresario acude al mercado para adquirir ese servicio laboral, pagándolo al precio de mercado, es decir, acordando libremente con el trabajador unas condiciones de intercambio libremente propuestas y aceptadas por ambas partes tras un proceso de negociación.

En un mercado libre de trabajo, los salarios aumentarán cuando crezca la demanda de trabajo y bajarán cuando la oferta se reduce, de igual manera que los tomates suben de precio cuando aumenta el diferencial demanda- oferta y bajan cuando se reduce, al margen de que el productor pierda o gane dinero en su negocio de explotación agrícola.

Si se aplicaran al mercado de los tomates los mismos principios que rigen el mercado laboral, cuando hubiese un exceso de tomates, en lugar de bajar los precios, el Estado obligaría a mantener el precio y el resultado sería que gran parte de la cosecha se pudriría en los estantes (el equivalente del paro).

Volviendo al mercado laboral, si un empresario no ofrece buenas condiciones a sus trabajadores, estos se irían a otra empresa de la competencia que les ofreciera contratos más ventajosos. Para evitarlo, los empresarios que ofrecen los salarios más bajos, se verían obligados a subirlos. Es lo mismo que ocurre de manera pública y notoria con el salario de los jugadores de fútbol en relación con los clubes.

Por otro lado si el trabajador no realiza bien su trabajo, el empresario lo sustituye por otro más eficiente, y como resultado de este proceso, se conseguiría que los buenos trabajadores reemplazaran a los más ineficientes y con ello se incrementaría la productividad, lo que aumentaría la generación de riqueza y la exportación, con el consiguiente incremento de los puestos de trabajo y la reducción de la deuda.

Y este simple mecanismo de despido libre, tiene el efecto benéfico de que los trabajadores despedidos se dirijan hacia los sectores económicos en expansión, que es donde existe mayor demanda, y abandonen aquellos otros en declive, en lugar de luchar por la conservación a toda costa de sus obsoletos puestos de trabajo. 

También motivaría a los trabajadores a formarse mejor para desempeñar aquellos trabajos donde existe más demanda en lugar de atribuir la culpa de sus males al Estado o a los empresarios.

Si dejáramos que los salarios se estableciesen libremente, habría trabajo para todos, aunque se cobrara menos. Pero si los salarios disminuyen, los bienes y servicios que generan las empresas serían más baratos, lo que facilitaría la exportación y se reduciría la deuda que pesa sobre la economía española. 

También a los propios españoles les sería más fácil adquirirlos, lo que compensaría en buena la reducción del salario, contando además con que el Estado tendría que pagar menos desempleo y, por tanto, podría reducir la presión impositiva sobre los ciudadanos que aun conservan su empleo.

Por el contrario, mantener salarios artificialmente altos mediante huelgas, extorsión sindical y leyes para regular el mercado, sólo genera paro, nos resta competitividad y lo único que se consigue es que sólo una parte de la población pueda trabajar. Además este afortunado sector tendrá que mantener con su esfuerzo a la legión de parados que no encuentran trabajo por razón de esa legislación "protectora". 

La mejor protección para un trabajador es un mercado libre en el que pueda encontrar y elegir trabajos, entre una amplia oferta, que se adapten a su capacidad y vocación.

En el supuesto de que hubiese una grave crisis económica y se generase paro coyuntural, pese a la liberación total del mercado laboral, el Estado prestaría a los parados una cantidad razonable para subsistir hasta que encontrasen un nuevo trabajo, momento en el cual comenzarían estos a devolver lo recibido en forma de una pequeña cuota que no incidiera significativamente sobre su economía doméstica. 

De esta forma, se acabaría con todo el fraude que envuelve al subsidio de desempleo y dejaría de ser un incentivo para que el trabajador rechace las ofertas de trabajo mientras disfruta de la prestación por desempleo, como ahora ocurre en un alto porcentaje de casos. En la actualidad muchos trabajadores se toman el paro como unas larguísimas vacaciones pagadas o como un suplemento a lo que ganan en la economía sumergida.

Y en cuanto a los sindicatos, cuya función es extorsionar a los empresarios, al gobierno y a la ciudadanía, so capa de defender a los trabajadores, habría que retirarle todo tipo de privilegios y subvenciones, dejándolos subsistir con el dinero de sus afiliados.

Por otra parte habría que promulgar una ley de huelga que acabara con la patente de corso con la que los sindicatos violan la ley, amenazan y extorsionan a los trabajadores, a los empresarios, a la ciudadanía y al Estado, investidos de una impunidad sacrosanta sustentada en el falso paradigma de que ellos están de parte de los trabajadores en la sempiterna Lucha de clases, según reza la desacreditada teoría marxista.

Adicionalmente, desde el Estado debe alentarse, a través de la legislación y de la estructura impositiva, los trabajos que cumplan estas condiciones:

• Realizados por españoles, porque dar trabajo a inmigrantes no soluciona el problema del paro en España, sino que lo agrava, y además buena parte del salario que perciben los inmigrantes lo envían a los países de origen, impidiendo así que revierta en el bienestar de los españoles.
   
• Que utilicen materias primas, tecnologías y conocimientos que están disponibles en nuestro país. Evidentemente no es igual de productivo para España vender un automóvil de importación, aunque se creen puestos de trabajo en el concesionario de la marca, que si el automóvil está diseñado y fabricado íntegramente en España. Para conseguir este objetivo, sería buena política reducir el IVA de aquellos productos en los que España es productor destacado e incrementarlos en los que somos importadores netos.

También la rebaja sustancial de impuestos a la empresa repercutiría en hacer más competitivos los productos españoles en relación con sus alternativas importadas.

Educación

La educación de la ciudadanía constituye uno de los aspectos más importantes y a un tiempo más descuidados e ineficientes en España. Nuestra sugerencia es que la educación debería replantearse desde los siguientes postulados:

• Sólo debe enseñarse en la educación básica lo que resulta útil para la vida cotidiana, puesto que lo que no cumple esa condición, resulta difícil de aprender y se olvida a los pocas semanas o meses de haberlo aprendido. ¿quien recuerda la regla de Ruffini o las leyes de Kirchhoff?

• Enseñar a los alumnos a comportarse socialmente, a dialogar y a expresarse con claridad y eficacia tanto en lenguaje hablado como escrito. Aprender bien el idioma español y el inglés y dejar a la iniciativa y financiación de los padres el aprendizaje de otros idiomas autóctonos o extranjeros de poca o nula utilidad.

• En la formación profesional, el Estado debe proveer sólo las plazas que el mercado demande, tanto en carreras universitarias como en maestrías y oficios. Para seleccionar a los candidatos que optarán a ocupar las plazas disponibles, además del historial académico, deberían efectuarse exámenes de actitud y aptitud, a fin de evitar la entrada en la universidad y en la formación profesional de malos estudiantes sin motivación y sin talento, condenados al fracaso. Como alternativa a este modelo público, estarían las universidades privadas en las que los alumnos tendrían que pagar íntegramente el costo de la educación si bien podrían elegir la profesión que prefiriesen.

• Erradicación total de la religión en las escuelas y centros de enseñanza financiados por el Estado, ya que todas las religiones representan un modelo falso de la realidad y los centros públicos sólo deben enseñar conocimientos ciertos y comprobados.
  La religión quedaría restringida al ámbito privado y su enseñanza, financiada íntegramente por los padres, aunque supervisada y controlada por el Estado para evitar sesgos ideológicos que atenten contra la constitución española y los derechos humanos.
   
• Proporcionar a los alumnos un modelo sencillo pero profundo de la realidad en la que viven, facilitándoles el conocimiento y uso práctico de técnicas efectivas para indagar, valorar, discriminar lo falso de lo cierto, identificar el fraude, juzgar y calificar artículos de opinión, evaluar la fiabilidad de la información, etc.

• Disponer de textos y material didáctico, idénticos para todos los alumnos españoles sin distinción de localidades ni regiones, así como de un programa sincronizado en todos los centros de enseñanza para facilitar a los alumnos el cambio de centro.
  Por otra parte, al exigir un temario específico y común en toda España, se acabaría con la arbitrariedad de profesores que imparten sus propias teorías y creencias, en muchos casos, demenciales. Lo ideal sería que este programa general se basase en las directrices de la CEE para evitar que cada nuevo partido que accede al poder cambiase los contenidos para adaptarlo a su ideología política y a sus intereses particulares.

• Revalida oficial para todas las titulaciones. Así, aunque existiesen muchas universidades, institutos o escuelas privadas, sólo se obtendría el título oficial si se superan unas pruebas de reválida gestionadas por un cuerpo independiente de Examinadores del Estado. De esta manera se evitaría el fraude que tiene lugar cuando estas empresas de enseñanza privada emiten titulaciones fáciles de conseguir. Esta política genera una ciudadania mal preparada que no puede desenvolverse en un mercado internacional más competitivo y cualificado.
   
• Prácticas reales en empresas, combinadas con los estudios académicos para obtener profesionales cualificados y con experiencia real que puedan incorporarse inmediatamente a sus puestos de trabajo.

Empresa

El Estado graba a las empresas con diferentes tipos de impuestos y gravámenes al tiempo que les concede toda clase de subvenciones, reducciones, incentivos y ayudas condicionadas a múltiples factores arbitrarios. 

Esta permanente tentación del Estado por asumir el papel de un ser omnisciente y sabio, sólo contribuye a distorsionar gravemente el proceso productivo, haciéndolo más costoso y menos eficiente y competitivo.

Al subvencionar a una empresa, ya sea para que ponga en marcha programas de investigación, para que renueve la maquinaria, para que contrate a más empleados, para que adquiera vehículos de empresa o para que sus directivos asistan a simposios en un país remoto, sólo se consigue que el empresario modifique su estrategia empresarial para obtener más subvenciones y pagar menos impuestos. 

El único objetivo de todo empresario debería ser el de concentrar toda su atención en producir más bienes o servicios con menos, es decir, aumentar la productividad de su empresa.

Por otra parte, se carga sobre las empresas elevados costes relacionados con sus empleados, como por ejemplo, el pago de una parte de la seguridad social, enfermedad, embarazos, así como fuertes indemnizaciones en caso de despido, además de aumentos automáticos de salario recogidos en los convenios laborales. Recordemos que los convenios laborales son obtenidos mediante extorsión y amenaza sindical amparada por la ley.

El resultado de estas imposiciones arbitrarias es que el empresario ve reducida su capacidad para optimizar el funcionamiento de su empresa, al no tener libertad para renovar la plantilla en función de la capacidad y actitud de cada trabajador. 

Otra consecuencia grave de esta política intervencionista es que el empresario se vuelve reacio a contratar a más personal desde el momento en que le resultará difícil y costoso despedirlo si así lo aconsejaran las circunstancias. 

Esta situación da lugar a un fraude generalizado, a acuerdos secretos entre empresarios y trabajadores, a despidos amañados y a múltiples figuras delictivas que no se darían si el Estado dejara de intervenir en las relaciones laborales y confiara en el libre juego de las leyes de mercado.

Entonces, y según esto, la solución que volvería más competitivas las empresas españolas, propiciando así la exportación (reducción de la deuda y del paro) y el consumo interno (menos paro), pasaría, idealmente, por eliminar todas las ayudas a la empresa y, al mismo tiempo, todos los impuestos y gravámenes que pesan sobre ella.

En resumen, las empresas deberían tener libertad para contratar y despedir a sus trabajadores libremente, sin indemnizaciones y a establecer libremente los salarios, con la única obligación de cumplir las cláusulas que se hubieran suscrito libremente entre las partes en el momento de la firma del contrato. 

Es lo que ocurre, por ejemplo, en el mercado de futbolistas, un mercado transparente a la curiosidad de la ciudadanía, que se rige por este tipo de contrato libre, sin condicionantes legales.

Con este modelo de contratación, las empresas se quedarían con los trabajadores más productivos (como ocurre en los equipos de fútbol) y los salarios se establecerían en función de la demanda y de la productividad en cada sector. 

En aquellos sectores productivos dónde se requiriesen más trabajadores el salario subiría y en aquellos en los que sobrasen, bajaría, que es la forma en la que el mercado regula y distribuye automáticamente los recursos para optimizar el rendimiento del conjunto de la economía.

Con esta política, disfrutaríamos de pleno empleo y de una mayor volatilidad laboral, lo que facilitaría que cada trabajador encontrase el mejor de los trabajos posibles en función de sus deseos, facultades, motivación y ubicación geográfica y a resultas de ello, disfrutase de una mayor satisfacción personal y de mejores emolumentos.

En cuanto a los ingresos que el Estado obtiene grabando la actividad empresarial, se compensarían al retirar las múltiples subvenciones a las empresas y al eliminar la costosa maquinaria burocrática que se emplea en inspeccionar, juzgar y castigar a los empresarios que caen en la tentación de defraudar al Estado. 

El déficit que pudiese producirse en la recaudación neta, se cubriría con el incremento de la recaudación por impuestos indirectos sobre el consumo.

Autonomías

Las autonomías surgieron en la España democrática para satisfacer las exigencias de políticos separatistas (principalmente catalanes y vascos) pensando, ingenuamente, que así se integrarían en el nuevo régimen constitucional y le darían mayor legitimidad.

Transcurridas varias décadas, hemos podido constatar que esta estrategia no sólo no alcanzó el objetivo de legitimar la Constitución a los ojos del separatismo, sino que ha supuesto un inmenso costo para todo el país, en ineficiencia, abusos, injusticia, corrupción y despilfarro.

Adicionalmente se ha inducido un enfrentamiento entre los ciudadanos españoles como consecuencia de organizarlos en supertribus autonómicas con identidad e intereses propios que odian, envidian y desprecian al resto de comunidades. 

Y lo peor es que se trata de una tendencia que crece día a día y necesariamente nos lleva hacia una disgregación explosiva que menaza con convertir a España en un grupo de estados minúsculos en conflicto permanente.

La solución obvia para este problema pasa por frenar y dar marcha atrás al proceso autonómico-separatista, mediante una legislación inteligente y sin complejos, formalizando pactos de estado entre las fuerzas políticas hegemónicas no separatistas y retirando progresivamente las competencias que por imprevisión e irresponsabilidad se les cedieron a las autonomías.

Sólo haciéndolo así, España podría recuperar la paz social y acabar con el chantaje permanente de políticos que trabajan para perjudicar a un país que odian por el simple hecho de que se opone a sus alucinaciones separatistas.

Es una tarea difícil que requerirá años pero que convendría iniciar ya, comenzando por la recuperación para el Estado central de la competencia educativa con el fin de eliminar el sesgo separatista que se introduce en las mentes vulnerables de los escolares hasta convertirlos en nacionalistas irreductibles.

El desmantelamiento progresivo de las autonomías reduciría el peso insoportable de un funcionariado sobredimensionado, redundante, con escasa o nula utilidad y poco eficiente, aliviando el gasto desaforado del Estado. 

Al mismo tiempo se transferirían trabajadores desde áreas redundantes e innecesarias de la administración pública a la economía productiva, reduciendo así el déficit público y haciendo más competitivo al conjunto del país.

Inmigración

En primer lugar, cabe señalar que existen tres tipos de inmigrantes: 

• Los inmigrantes legales que son ciudadanos de los países de la CEE.
   
• Los ciudadanos que proviniendo de países no comunitarios entran en España legalmente.
   
• Aquellos otros a los que llamaremos "ilegales" que han entrado ilegalmente en España o bajo el subterfugio de una estancia transitoria para hacer turismo y se han quedado definitivamente, incumpliendo fraudulentamente su compromiso.

El fenómeno de la inmigración crea problemas a medio y largo plazo en la medida que los inmigrantes vienen acompañados por proyectos e intereses que no siempre son compatibles con los intereses y creencias de los españoles.

Los inmigrantes europeos, por razón de convenios con la CEE tienen derecho a establecerse y trabajar en nuestro país, aunque eso no signifique que haya que aceptarlos si no tienen un trabajo o una fuente de ingresos legal con la que puedan mantenerse. En muchos casos vemos a ciudadanos de países comunitarios dedicados a la mendicidad o a actividades ilegales cuando no delictivas.

Los únicos inmigrantes no europeos que cabria aceptar son aquellos que procedan de una cultura compatible con la nuestra (hispanoamericanos, por ejemplo), que sean jóvenes, disfruten de buena salud, no traigan familia con ellos, sean buenos profesionales en la especialidad que se demanda, y su estancia sea transitoria, hasta que cumplan el contrato que los ha traído aquí.

Todo extranjero que esté en situación ilegal en España debería ser devuelto a su país de origen, sin excepción alguna, porque sólo así se conseguirá que España deje de ser un destino preferente para las mafias que controlan el tráfico ilegal de seres humanos.

Es fácil comprender que cuanto mejor trato se dispense a los inmigrantes ilegales, más se incrementará su número y que, en la medida en que se obstaculice la legalización de los inmigrantes ilegales, antes se acabará con la lacra de la inmigración ilegal.

Por supuesto, cualquier inmigrante, legal o ilegal, que cometa alguna infracción de la legislación española debe ser expulsado inmediatamente, después de cumplir la condena a que hubiera lugar. De esta forma se frenaría la entrada masiva de delincuentes internacionales que se afincan en España pese a su largo historial delictivo, atraídos por la permisividad de nuestra legislación.

No tiene sentido alguno aceptar trabajadores extranjeros teniendo aquí millones de españoles en paro. Por otra parte, en no pocas ocasiones, los parados que cobran subsidio de desempleo se niegan a trabajar, y se hace necesario ceder a trabajadores extranjeros los escasos puestos de trabajo disponibles.

Para evitar esta situación absurda habría que convertir el subsidio de paro en un préstamo a devolver y sustituir plazas universitarias sin salida laboral por plazas de aprendizaje de oficios y maestrías que se adapten a las necesidades del mercado laboral actual y futuro. 

El hecho de contar con más universitarios de los que la economía puede absorber, se convierte en un problema desde el momento en que muchos de estos universitarios frustrados se niegan a ocupar puestos laborales que ellos consideran de menor categoría. 

Sin embargo, el hecho cierto es que al existir más títulos universitarios de los que la economía demanda, estos carecen de valor real más allá de las ilusiones de sus titulares.

La solución obvia es que las universidades públicas sólo ofrezcan el número de plazas que la economía demanda, desviando al resto de aspirantes hacia plazas de formación no universitaria en los distintos oficios y maestrías que requiere y demanda la economía del país.

Vivienda y construcción

Una de las teorías más difundidas y afincadas entre los españoles, tanto en políticos, economistas y ciudadanos de a pie, es la de que somos víctimas de la explosión de una superburbuja inmobiliaria, que se originó por la codicia desmedida de los especuladores.

En realidad, la auténtica historia de lo que aconteció con el próspero negocio inmobiliario fue que en Estados Unidos se inició una crisis financiera (falta de confianza en el futuro) que se contagió rápidamente a todos los países avanzados del planeta. 

Como consecuencia de este contagio, el entramado económico de cada país se ha visto afectado en función de sus características y circunstancias particulares.

En España, de no haber aparecido la supercrisis financiera mundial, el precio de la vivienda se habría estabilizado durante un periodo de tiempo y después hubiese vuelto a experimentar nuevas subidas como ha venido sucediendo desde hace muchos lustros, en respuesta a las fluctuaciones de la oferta y la demanda.

Sin embargo, en esta ocasión, la aparición de una supercrisis mundial, provocó una brusca caída en la demanda de compras y alquileres de viviendas por parte de los ciudadanos europeos, que inició una caída lenta de precios. 

Esta caída de precios frenó en seco la adquisición de nueva vivienda en España e incentivó la caída de precios en las viviendas que ya estaban a la venta, como consecuencia de la lógica prevención de los compradores ante la perspectiva de un mercado a la baja. 

Adicionalmente, el aumento brusco del paro hizo que muchas hipotecas dejaran de pagarse y se sacaran a subasta un considerable número de nuevas viviendas que saturaron aún más la oferta.

Todos estos procesos concurrentes que se reforzaban mutuamente, en el seno de una supercrisis mundial, tuvo el efecto inimaginable de dar la vuelta a la evolución del precio de la vivienda provocando, por primera vez en la historia, una descenso continuado y sostenido durante varios años.

Las previsiones especulativas de los potenciales compradores de viviendas, que antes de la crisis se concretaba en la creencia de que comprar viviendas era una manera segura de obtener grandes beneficios, se transmutó en su contraria, es decir, en que la compra de una vivienda era sinónimo de pérdidas millonarias.

En pocos meses, los españoles sustituyeron su inamovible creencia de que la inversión en ladrillo era la más segura y rentable, por la de que ésta era la más arriesgada y ruinosa. 

Y esta nueva creencia, no cambiaría hasta que se invirtiera la tendencia bajista de los precios, lo que creaba un círculo vicioso que se retroalimentaba sin que nadie supiera cuando se iba a detener.

Pero, aclarada la naturaleza de la crisis del ladrillo, nos queda por averiguar cómo salir de este bucle infinito que está devorando a nuestra economía y despojando a muchas familias de sus viviendas. Viviendas que pasan a engrosar el stock de pisos vacíos, que arruinan a los bancos y pone contra las cuerdas a la economía del país, además de ser una de las causas más importantes del paro, dada la importancia del sector económico vinculado a la construcción.

La clave para salir de esta situación pasa por conseguir, cuanto antes, que el precio de la vivienda toque fondo, momento en el cual, los potenciales compradores de viviendas tomarán la decisión de comprar. Los nuevos compradores estarán constituidos por aquellos que desean adquirir la vivienda para formar una familia o para independizarse de sus padre o de su pareja y también por los que buscan una inversión segura y rentable para sus ahorros. 

Todos ellos se lanzarán al mercado para posicionarse ventajosamente al comienzo de una subida histórica que sin duda se producirá con fuerza después de una caída tan drástica y prolongada como la que ha experimentado el precio de la vivienda en España.

Para propiciar la llegada de esta situación de cambio de signo y así reactivar el mercado inmobiliario, y con ello abrir una vía formidable de creación de riqueza en nuestro país, habría que aplicar las siguientes normas:

• Reducir la construcción de nuevas viviendas por todos los medios posibles. Este objetivo se podría alcanzar, por ejemplo, dificultando la concesión de nuevas licencias e imponiendo fuertes tasas e impuestos a la construcción de vivienda nueva. La razón de esta política restrictiva está en el hecho de que cuanto antes se agote el stock de viviendas vacías, antes se iniciará la subida de precios. La construcción de vivienda nueva en la actual situación sólo ayuda a retrasar la llegada del cambio de tendencia hacia el alza en la actual evolución de los precios.
   
• Sacar a la venta, como vivienda social protegida, los stock de viviendas a cargo de los bancos y de las constructoras, con el fin de acabar con las existencias de viviendas vacías, que son las que impiden que el precio toque fondo.

• Derruir edificios de viviendas en mal estado y trasladar a los inquilinos a bloques de viviendas desocupadas. Con esta estrategia reducimos el stock de viviendas, saneamos el parque inmobiliario y creamos puestos de trabajo en el sector de la construcción.
   
• Realizar inversiones en infraestructuras, embellecimiento y restauración de zonas turísticas para atraer e incrementar la llegada de turistas. Esta estrategia atrae más divisas y euros hacia el país, reduce el déficit, y crea puestos de trabajo con personal y materias primas autóctonas.

En resumen, cuando se acabe con el stock de viviendas, se iniciará una fuerte y sostenida subida de precios, que reactivará la economía, reducirá el paro, atraerá capital foráneo y nos ayudará a salir con fuerza de la crisis.

Y llegados aquí, y aun a sabiendas de que el análisis ha sido somero e incompleto, tenemos que dar por terminada esta receta apresurada en la esperanza de que, si no le convence, al menos invite al lector a elaborar o enriquecer su propia teoría sobre la crisis.